La actividad minera que es una de las más antiguas y productivas en la historia del país, misma que sigue vigente y es parte de la cadena del desarrollo económico de varios estados, revive en las sedes legislativas federales como parte de una agenda ambiental promovida directamente por Morena.
El gobierno de la Cuarta Transformación, tan empeñado en combatir la corrupción, abre otro frente que parece será un dolor de cabeza más dentro de toda la migraña que hoy padece el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Primero fue el Senado, donde se pidió regular la actividad minera del país para reformar desde derechos laborales, hasta cuidado y vigilancia de la naturaleza. Nada mal, son temas a los que nadie se opone y parecen ser parte de una guía del buen ciudadano.
Sin embargo, existe un trasfondo político y económico en donde el gobierno pretende o parece querer que las empresas se dobleguen ante las rígidas normas ambientales y las evaluaciones para que todos estén en orden.
Ahora fue en San Lázaro, donde se pidió que la Ley Minera deba priorizar la consulta a las comunidades y el respeto al medio ambiente, bajo el precepto de que la extracción de minerales debe beneficiar a la población y no sólo a las empresas.
En un evento realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputados lamentaron que más de la mitad de la extracción de minerales beneficia al extranjero y la edificación de infraestructura que se realiza en las áreas explotadas a las empresas encargadas de las minas.
En Hidalgo tenemos el reciente caso de Autlán y pobladores de la sierra de Molango quienes bloquearon durante varias semanas uno de los accesos a las zonas de extracción; se comprobó al final que mucho del descontento es por desconocimiento y por un contexto político donde hay personajes que buscan aprovecharse tanto del pueblo, como de los inversionistas.
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