Tras el anuncio de los integrantes del gabinete para el sexenio presidencial que dará inicio en octubre próximo, hubo una mayor expectativa en cuanto al tema de seguridad y el nombramiento de Omar García Harfuch.
Mientras que para un sector de la prensa y analistas, se trató de un movimiento anticipado por su cercanía por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, para otros es un paso arriesgado por considerar que el senador electo tiene pasado ligado a la ex Policía Federal del sexenio de Felipe Calderón.
Sin embargo, hay que revisar por qué García Harfuch es la principal apuesta para la continuidad de la política que se basa en el actual Plan Nacional de Paz y Seguridad.
En dicho proyecto se estipula que la única manera de disminuir la violencia es ofreciendo a la población el acceso efectivo y progresivo de sus derechos humanos: a la educación, a la salud, a la cultura, a una vivienda digna, al empleo decoroso, al deporte y a vivir en un entorno seguro y en paz.
Esto aplica en particular a los jóvenes, a quienes la propia Claudia Sheinbaum ha dicho que se aplicarán recursos y estrategias para la atención de las causas de la violencia, o bien, para que puedan tener una vida alejada de los vicios, el crimen organizado y las malas decisiones.
Una de las acciones más relevantes que se hicieron en la CdMx, durante el gobierno de la propia Sheinbaum y con Omar García al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, fue la mejora del espacio público y la revitalización del tejido social comunitario por medio de su programa Pilares.
Se espera que dicho modelo sea replicado a nivel federal, ahora desde Palacio Nacional (¿se seguirá despachando ahí?), sea la base de la nueva estrategia de seguridad, junto a los programas sociales, que no se dejarán de otorgar a menos por los próximos seis años.
Ahora, ¿se atenderán las causas realmente?, no es posible determinar si verdaderamente se combatirán factores que afectan el desarrollo social, más allá de contar con recursos económicos para ciertos sectores de la población, pues con todo y pago de becas y pensiones, la actividad ilícita continúa.
