Política

El ocaso de Sosa

Más de 30 años al frente del poder político en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo parecen estar en sus últimos días con la detención del presidente del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán.

Y es que más allá de señalamientos públicos están los hechos. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda federal se tardó más de un año en fincarle un proceso con acusaciones sustentadas a Sosa Castelán quien tiene en sus manos la defensa que siempre esperó. 

Es decir, de no hallarse culpable, será uno de los episodios más vergonzosos para el sistema penal del país, pero ante las indagatorias que comenzaron a principios de 2019, con asuntos internacionales, transferencias bancarias, palabras como lavado de dinero, desvío de recursos, y corrupción, se cree que esto va más allá de una lucha del poder político.

La Universidad del estado es una institución que pasa por encima de los problemas de sus administradores. Por años ha sido controlada por los mismos nombres, manejada bajo el esquema de un partido u organización política. 

Parece que eso no sucederá nunca más, pues al final se debe rescatar lo mejor de este espinoso asunto que no es si Gerardo Sosa es culpable o no, la justicia federal tendrá que determinarlo; el tema medular es cómo va a afectar al máximo sistema educativo del estado, que no solo atiende a hidalguenses, sino a jóvenes de todo el país.

La UAEH brinda la oportunidad de estudiar una carrera profesional a más de 50 mil alumnos que ingresan desde la preparatoria, el ocaso del Grupo Universidad no debe empañar la labor de docentes e investigadores; tampoco deben ser llevados al matadero político, a la protesta, a la discusión en redes. 

Es momento de que los universitarios demuestren su verdadera autonomía, empezando por alejarse del tema de Gerardo Sosa Castelán.

twitter: @laloflu

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Eduardo González
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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de Notivox DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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