La consulta popular del próximo primero de agosto está causando más estragos a la vida política que cualquier proceso de elección. De ser una herramienta útil e histórica para nuestro país, se está convirtiendo en un dolor de cabeza para Morena en los estados, y en un riesgo de delito electoral para los funcionarios del gobierno federal en todos los rincones del país.
La encomienda es que a la vieja usanza se pueda reunir el porcentaje mínimo para que la consulta sea un éxito y se otorgue la razón al presidente de porqué llevar a juicio a los ex mandatarios nacionales, aunque esto no vaya a suceder nunca.
De acuerdo con los artículos 19 y 20 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, tanto personas como servidores pueden resultar culpables por presionar para ir a la consulta.
Es decir, quien haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada de consulta popular, en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo.
También quien obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo de la consulta popular; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más papeletas utilizadas en la consulta popular o bien introduzca papeletas falsas; o quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo en la consulta popular, durante el procedimiento de consulta popular. En días pasados, circuló una imagen de la tarjeta de presentación del delegado de los programas federales en Hidalgo, Abraham Mendoza, en un puesto de vacunación anticovid, quien dicen se juega el puesto con los resultados de la consulta popular en el estado.
Twitter: @laloflu
