Que en Coronango, el malestar ciudadano crece contra el alcalde Armando Aguirre. Y es que a 11 meses y medio de gestión, los reclamos por seguridad, pavimentación, luminarias, semáforos y servicios públicos siguen sin respuesta. Y mientras las necesidades básicas se acumulan, el morenista prepara con bombo y platillo su primer informe, previsto para las próximas semanas. El detalle es que el ánimo social no parece estar para festejos, menos aún en temporada de inundaciones, donde colonias como Misiones de San Francisco padecen los estragos del agua y la falta de atención.
Que el que anda muy de buenas es el ex gobernador y actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Céspedes, que en próximos días recibirá un doctorado honoris causa. La distinción vendrá nada menos que del Instituto Politécnico Nacional, que lo reconocerá por facilitar la construcción de dos campus en Puebla mientras fue gobernador sustituto. La ceremonia para el oriundo de Tepeaca aún no tiene fecha, pero se entregará junto a figuras como la de Cuauhtémoc Cárdenas y la ex diputada federal Manuela del Carmen Obrador.
Que desde el legislativo local, se analiza la posibilidad de castigar con severidad a quienes manejen en estado de ebriedad, pues se plantean multas de hasta 500 UMAs, lo que equivale a 56 mil 570 pesos, además de penas de prisión de 2 a 4 años para quienes sean sorprendidos en esa condición. Pero si además de la imprudencia el conductor provoca un homicidio, la sanción podría escalar hasta 12 años de cárcel, con el argumento de que el alcohol al volante es una de las principales causas de accidentes fatales.
Que donde ondearon banderas rojinegras fue en las puertas del Nacional Monte de Piedad; los sindicalizados hicieron estallar la huelga en el primer minuto de este 1 de octubre en más de 300 sucursales del país, incluyendo siete en territorio poblano, donde participan 40 empleados que acusan violaciones al contrato colectivo de trabajo. El pleito viene desde 2022, cuando la administración de la institución buscó “modernizar” el contrato colectivo, lo que el sindicato interpretó como un intento de desmantelarlo.
