Que el conflicto interno en el partido gobernante, Morena, se trasladó a las acusaciones entre feministas vinculadas a la alcaldesa Claudia Rivera y el gobierno del estado, derivado de los actos vandálicos cometidos contra mobiliario urbano y edificios sedes del Congreso local, la FGE y la Catedral, durante las marchas con motivo del 8M. A los señalamientos del gobierno estatal de la presencia de servidores públicos municipales en los ataques a la sede legislativa, las feministas ligadas a Rivera se deslindaron del vandalismo y acusan a "infiltrados de la derecha" y responsabilizan al Subsecretario de la Segob, Ardelio Vargas, de "represión" e intentar "desarticular" el movimiento (sic).
Que ronda la sospecha de la puesta en práctica de un programa especial de "perdón extrajudicial" para que aquellos ex funcionarios públicos que no entregaron buenas cuentas y son investigados por desvío de recursos públicos, negocian fuera de tribunales. José Juan Espinosa, el diputado local del PT y ex alcalde de San Pedro Cholula, logró el indulto al pedir licencia al cargo de legislador y posteriormente negociar su regreso, sin ninguna posibilidad de ser candidato a ningún cargo; ahora se revela la "renuncia irrevocable" de Benito Jorge Cruz Bermúdez como Magistrado del TSJE, ex titular de la SEP y ex líder del PRD. ¿A cambio de qué?
Que Zoé Robledo, director General del IMSS, dio el banderazo de salida a 24 ambulancias que serán entregadas a igual número de hospitales rurales del programa IMSS-Bienestar en estados como Puebla y a diez más, equipadas con camillas de posiciones, monitores de signos vitales, reanimación cardiopulmonar, desfibrilador y laringoscopio. Esta flotilla de ambulancias es parte de las 80 adquiridas con 110 mdp aportados por servidores públicos de nivel directivo que donaron parte de su quincena o de su aguinaldo correspondiente al 2020, monto al que se suman 55 mdp del Insabi, explicó su director general, Juan Antonio Ferrer.
Que Fernando Manzanilla, diputado federal del PES, presentó una iniciativa para implementar un Programa Nacional de Apoyo a Familiares de Víctimas de covid-19 que evalúe y defina los apoyos necesarios a niñas, niños, jóvenes, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.
