Que pocos días antes de la aprobación del plan militar para extender la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles comió con el líder del PRI, Alejandro Moreno, quien lo remitió con el titular de Segob, Adán Augusto López, para hablar del tema. Con ese antecedente, la noche previa a la segunda votación en San Lázaro, el perredista convocó a diputados de su partido en un hotel de la Alameda, donde intentó convencerlos de apoyar la minuta; el michoacano garantizó ocho votos, pero al final solo tres legisladores, todos paisanos suyos, se sumaron a la enmienda constitucional. ¡Qué extraños caminos tiene la política!
Que la Guardia Nacional, que encabeza Luis Rodríguez Bucio, se estrenó el sábado como parte estratégica de la Sedena en una ceremonia en el Centro Nacional de Adiestramiento, en Chihuahua, donde presumió su recién creada Fuerza Especial de Reacción e Intervención, grupo de élite que estará encargado de temas sensibles relacionados con la delincuencia. Su siguiente paso es la adquisición de tecnología y equipo de inteligencia, incluida una plataforma para intervenir comunicaciones y localizar celulares vinculados con el crimen organizado. Eso sí, aclaran, nada que huela a Pegasus.
Que ayer comenzó a operar en los hechos el esquema de permisos humanitarios para el ingreso de personas de Venezuela a EU con dos vuelos desde México, uno de Guatemala y otro de Perú, aunque en los próximos días se espera un centenar. Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la SRE, considera que el arribo de los primeros venezolanos a ese país demuestra que “es posible una mejor gestión de los flujos migratorios en la región”. Por ahora, México ya trabaja con Acnur, Unicef y Cruz Roja Internacional para garantizar los derechos humanos de esas personas.
Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside el ministro Arturo Zaldívar, pasó para noviembre la revisión del caso de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, a quien un tribunal federal amparó contra la inhabilitación de 10 años para ocupar un cargo público. La Primera Sala pondrá punto final al tema; por ahora el asunto está en manos del ministro Juan Luis González Alcántara, quien analiza la impugnación que interpuso la Función Pública contra esa resolución.
