Que luego de que el pasado martes, el secretario General de Gobierno, Javier Navarro, informó que el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León cambió de sede, ayer se formalizó en el Periódico Oficial. En dicho órgano se estableció que las nuevas instalaciones del instituto se encuentran en la calle Escobedo 333, piso 7, del Centro de Monterrey, donde se ubica la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Incluso en el Periódico Oficial aparece la firma de Héctor Viniegra Hernández como el nuevo titular. Cabe recordar que el Gobierno del Estado y el Poder Judicial mantienen un diferendo sobre el control del organismo, lo que llevó al primero a interponer un recurso ante la SCJN.
Que integrantes del Consejo Nuevo León, cuyo presidente ejecutivo y consejero ciudadano es José Viejo González, se encuentran en la elaboración de un nuevo Plan Estratégico 2040, que esté acorde a las modificaciones que se hicieron a la Constitución Política del Estado que entraron en vigor el 1 de octubre de 2022. El objetivo de esta actualización es incluir temas para ir acorde a lo planteado en la Carta Magna estatal. Actualmente se trabaja en el diagnóstico de los principales problemas públicos; en la encuesta de las prioridades de las personas de Nuevo León, entre otros puntos.
Que la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, sostuvo un encuentro con coordinadores de las bandadas del PRI y del PAN y con los legisladores locales por Guadalupe para compartir el estado financiero del municipio y hablar de los proyectos de obras para el presente año. En la reunión, la presidenta municipal destacó que se ha disminuido la deuda pública hasta en 27 por ciento, y que actualmente es de 448 millones de pesos, por debajo de los 616 millones de pesos recibidos a finales de 2018.
Que el Gobierno de Santa Catarina reveló que la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación le notificaron el avance de las dos denuncias que interpuso el acalde Jesús Nava por probable perjuicio del erario municipal durante los dos gobiernos anteriores encabezados por Héctor Castillo y Víctor Pérez. Según Nava, las denuncias son por presuntos delitos por desvío de personal, desvío de recursos públicos, entre otros.
