Que “el que avisa no es traidor” y el bloque de diputados federales de la Alianza por México, integrado por las bancadas del PAN, PRD y PRI, advirtió ayer a través de Teresa Castell y Melissa Vargas que presentarán una serie de reservas al proyecto de presupuesto 2022 que el gobierno federal entregue hoy martes, es decir, formalmente no se conoce el documento, pero obviamente el cabildeo ya les dio una buena idea de cómo vienen las cosas y, como el panorama no es halagüeño, mejor se curan en salud.
Que hablando de cuestiones legislativas y de recursos, está en manos del Congreso local la sensibilidad y empatía con los ciudadanos, que ya no ven la suya con los gastos. Deberán autorizar (o no) las nuevas tarifas del predial y servicio de agua potable municipales, pues aunque 83% de los ayuntamientos mexiquenses busca un incremento por debajo de la inflación para 2022, existen 34 localidades que pretenden subirle hasta 10 por ciento; hay ocho casos que sueñan con 15% y tres de plano se volaron la barda con su cartita a Santaclós, pidiendo un aumento de 20 puntos porcentuales.
Que, quién lo dijera, el lamentable caso del actor Octavio Ocaña, quien en Cuautitlán Izcalli murió en extrañas circunstancias ya ampliamente difundidas, podría tener como colofón el estreno de la Ley Ingrid, aquella que castiga severamente a quienes difundan “fotos de cadáveres o partes de ellos”, pues ahora resulta que presuntamente hubo una filtración de imágenes del cuerpo del joven tabasqueño mientras se encontraba en la morgue. Pueden ser dimes y diretes, pero este trágico suceso ya ha tenido todos los ingredientes del morbo.
Que el alcalde electo de Metepec, fue de los pocos que en todo el entramado político mexiquense dio la cara y dijo “esta boca es mía” en el tema de los indicios de crimen organizado en la zona. Dijo desconocer la presencia de cárteles en el municipio, sin embargo, muy prudentemente de una vez pidió el apoyo de las autoridades federales para evitar la presencia de estos grupos no solo en esta demarcación, sino en toda la entidad. Y es que, en efecto, el problema no es privativo del Valle de Toluca, como se ha podido ver en semanas recientes.
