Que en una situación normal sería correcto afirmar que en la sesión ordinaria de este martes, los integrantes de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) discutirán un punto de la orden del día y, en su caso, lo aprobaran, pero aquí es donde el vocabulario cambia. Lo que va a ocurrir esta tarde es exactamente lo contrario: desaprobarán lo que aprobaron hace unas semanas escandalizando a la opinión pública y al propio gobernador Pablo Lemus, quien dijo que sobre su cadáver se permitiría el incremento de 200 por ciento en los precios a las tarifas del agua. Solo los morenistas y la emecista Erika Fragoso, la nueva representante de Guadalajara nombrada por Verónica Delgadillo tras el cese de Alejandro Peña Marroquín por apoyar el incremento, sí aprobarán la invalidez del polémico acuerdo. Y llámenle como quieran, pero el resto desaprobará su aprobación. Se tenía que decir y se dijo.
Que la imagen es surrealista: abogados y abogadas presentándose puntuales a los juzgados de Puente Grande este 4 de agosto para una audiencia crucial contra 12 funcionarios investigados por omisión en el caso Rancho Izaguirre. Una de ellas Cecilia Ayala, defensora legal, sin encontrar con quien hablar en el juzgado de Puente Grande, pues del otro lado, silencio. Puertas cerradas. El sistema judicial “de vacaciones” mientras las víctimas esperan justicia desde mayo. Lo peor es que ni siquiera hay quién les pueda dar fecha para presentarse.
Que resulta indignante y desgarrador que dos jóvenes de 16 años, Carlos Alejandro y Paul Alexander, originarios de Jalisco, hayan sido encontrados ejecutados en Culiacán, Sinaloa, después de ser reportados como desaparecidos desde mayo. La violencia y la inseguridad en México siguen cobrando vidas inocentes, especialmente de jóvenes que apenas estaban empezando a vivir. ¿Dónde está la protección y la justicia para nuestros jóvenes?
