Que las calles inundadas no logran lavar la mancha de un crimen que desgarra a Jalisco: el multihomicidio de una familia —dos adultos y dos menores (13 y 2 años)—, con policías de Zapopan entre los asesinos. Mientras la ciudad se ahoga en agua, la Presidencia Municipal se ahoga en silencio. Ni el alcalde, ni el comisario han pronunciado un pésame, mucho menos un plan para castigar a los criminales con uniforme. Un agente activo y su cómplice (hermano de la víctima) ya están detenidos, pero faltan más policías con órdenes de aprehensión. ¿Cuántos más operan zimpunes?
Que ya no convoca ni a sus amigos, mucho menos a su partido. Carlos Lomelí prometió el respaldo de diputados locales y federales el lunes, pero la realidad es el desplante y el abandono. Ni los morenistas lo toman en serio, y solo aparecen ocasionalmente la diputada federal Claudia García y la local Marta Arizmendi, por conveniencia. La relación con morenistas está hecha añicos por las imposiciones del “doctor”, pero con una nómina inflada de allegados. Un partido que fue segunda fuerza parece secuestrado por un grupo que ignora causas sociales, evade debates y pierde relevancia día a día. Las sesiones del Consejo son un chiste: sin quórum, acuerdos incumplidos y cero autoridad para convocar a los 187 consejeros. ¿Para qué sirve una estructura que no funciona?
Que hoy en el Juzgado Décimo de lo Familiar, Zapopan, se decide el futuro de tres niños huérfanos por el feminicidio, en 2023, de Ángela Louise Birkenbach. La batalla legal enfrenta a la familia materna de Canadá, que exige protección para los menores. Está respaldada por el consulado canadiense y alerta sobre riesgos de revictimización si regresan con la familia del presunto feminicida, Sergio Arturo Romero López, que está prisión preventiva. La hermana del acusado, Rosalba Primavera ya tuvo custodia en 2024 y busca recuperarla. Mientras, se denuncian intentos por apropiarse del patrimonio de Ángela.
