Que la reciente consulta ciudadana en Bolaños, Jalisco, marca un hito en la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas y la autodeterminación de las comunidades. Con el 59.2% de los votos (2,129 a favor frente a 1,468 en contra), los habitantes de esta comunidad, en su mayoría wixárikas, han expresado su voluntad de regirse por sus normas tradicionales, las Kuruxi Manuwe, en lugar del sistema de partidos políticos. Este resultado no solo refleja un ejercicio democrático legítimo, con una participación del 55.17% del padrón electoral, sino que también reivindica la importancia de preservar prácticas ancestrales en un contexto donde la globalización amenaza con homogenizar las identidades culturales.
Que sin embargo, el verdadero desafío de Bolaños comienza ahora. Aunque el IEPC validó el proceso y destacó su transparencia, la decisión final recae en el Congreso de Jalisco, un escenario donde históricamente los intereses políticos suelen primar sobre las demandas ciudadanas. La advertencia sobre el riesgo de que el tema termine en la “congeladora” legislativa no es menor: existen precedentes de iniciativas populares archivadas por falta de voluntad política o presiones partidistas. Es preocupante que algunos legisladores como Verónica Jiménez ya hayan insinuado que este tema no está en sus intereses al asegurar que no están obligados a discutir el resultado de Bolaños, lo que evidencia una desconexión entre la clase política y las demandas de pueblos originarios.
Que tras el escándalo de gestores vinculados a corrupción en la Dirección de Recaudación Tributaria, surge ahora un hecho escalofriante: una hielera con restos de cerdo y amenazas dirigidas a Saúl Alveano, director de Licencias de Jalisco. Es positivo que el Gobierno investigue con celeridad este acto intimidatorio —ninguna autoridad debe ejercer bajo coacción—, pero el caso plantea dos exigencias paralelas: Justicia frente a las amenazas, por supuesto e investigación exhaustiva de las denuncias de corrupción en trámites vehiculares (licencias, sustituciones de placas y cambios de propietario), señaladas como posible detonante del conflicto. Sí, es necesario advertir a la ciudadanía sobre el riesgo de usar gestores externos, pero ¿bastan los llamados institucionales cuando persisten presuntos vínculos corruptos al interior del sistema? La transparencia no se decreta: se demuestra con auditorías públicas y sanciones ejemplares.
