Que el fiscal general Alejandro Gertz Manero ha dejado en evidencia un escándalo de omisiones: desde 2021, autoridades locales de Jalisco recibieron alertas sobre el Rancho Izaguirre—un centro de reclutamiento forzado y exterminio vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación— y no actuaron. Mientras, las víctimas se multiplicaban: restos, cientos de prendas abandonadas y testimonios de sobrevivientes revelaron un circuito de desaparición sistemática, donde jóvenes eran engañados con falsos empleos desde la Nueva Central Camionera de Guadalajara. La doble moral de las investigaciones. Nadie investiga al ex inquilino del gobierno estatal que minimizó las desapariciones, pero la Fiscalía de Jalisco despliega operativos contra cantantes de narcocorridos.
Que la denuncia por el modesto desvío de 139 millones de pesos durante la administración de la emecista Citlalli Amaya en San Pedro Tlaquepaque, ha encendido el debate político en Jalisco. Mientras la Fiscalía inicia –¡ajá, cómo no– su investigación, la ex alcaldesa y sus aliados —incluyendo a la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores— se apresuraron a convocar una conferencia hoy para tachar el caso de –adivinó– persecución política. La ciudadanía exige cuentas claras, no declaraciones mediáticas. Que la Fiscalía actúe con pruebas contundentes será la única forma de despejar dudas.
Que el posible cambio en el sistema normativo de Bolaños no es solo un tema jurídico, sino político y de compromiso con los pueblos indígenas. Con el Congreso del estado definiendo su procedencia, cabe preguntarse: ¿habrá algún partido político que se oponga a reconocer la historia de la comunidad? ¿Qué partido será más congruente con las causas de los pueblos originarios? ¿Qué partido verá su propio interés?
Que será este miércoles cuando la rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter Pérez, dé a conocer los nombres de las nuevas rectoras y rectores de los centros universitarios.
