Que la política de redes sociales de funcionarios públicos debe ser un reflejo transparente de su gestión y acciones, no un escenario para construir narrativas convenientes. El caso de Mónica Magaña, presidenta del Congreso, en el Medio Maratón de Guadalajara ejemplifica esta situación. Mientras el gobernador Pablo Lemus Navarro registró oficialmente un tiempo verificable de dos horas y tres minutos, gracias al chip integrado en su número de competencia, el único “registro” de Magaña fue una publicación en Instagram. Los sensores en la meta no detectaron su llegada con el número 20500, lo que abre dudas sobre su participación real en el evento. Sin embargo, horas después, la diputada apareció de manera destacada en la primera cabalgata de Tlajomulco, montando a caballo. La discrepancia entre lo digital y lo factual no puede pasar inadvertida.
Que este fin de semana, Laura Imelda Pérez, presidenta municipal de Tlaquepaque, publicitó en sus plataformas funciones de cine gratuito y la entrega de uniformes a empleados del ayuntamiento. Sin embargo, su presencia física no coincidió con el discurso digital: estuvo en Ciudad de México, lejos de los eventos promocionados. Las especulaciones apuntan a un encuentro con su líder político, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, para analizar estrategias frente al desafío de afiliación en su partido, donde el senador Carlos Lomelí y Erika Pérez, presidenta estatal de Morena, han tomado la delantera con una agenda intensa de acercamiento a la militancia. Otras versiones morenistas especulan que en una de esas fue a escuchar la advertencia sobre el riesgo político de sostener el plan de cobro de recolección de basura en el municipio.
Que mientras el Ayuntamiento de Teocaltiche hace extensiva la invitación al homenaje póstumo este lunes en honor a los policías hallados muertos: Ernesto Alonso González, Miguel Orozco Ramírez, José Antonio Cruz Ponce –dos de ellos aparecen en un video grabado por la delincuencia–, la Fiscalía integra la investigación en contra del ex alcalde, Juan Manuel Vallejo Pedroza, por probable relación con el crimen organizado, pues hay evidencia de permitir la instalación de un centro de videovigilancia de los delincuentes en oficinas municipales.