Que ayer en la reunión de colectivos de familiares de personas desaparecidas con funcionarios públicos y el comité de participación social nadie se acordó del nombre de Gustavo Quezada, actual titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Los representantes de las familias escucharon el análisis hecho por el CPS y acordaron presentar una terna de aspirantes al Gobernador para que entre ellos elija al próximo o próxima directora.
Que sobre el tema de Gustavo Quezada llamó la atención que aunque obtuvo un buen puntaje, ningún colectivo respaldó a Luis Octavio Cotero Bernal, el ex titular del IJCF cuando se descubrieron los llamados tráileres de la muerte. Del lado de quienes aspiraban a dirigir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas llamó la atención de la inclusión de Lucía Almaraz, quien no fue de las mejor evaluadas. En una de esas termina siendo elegida una ex integrante del CPS, pese a no haber sido la mejor evaluada, algo de lo que se ha quejado crónicamente el Comité de Participación Social. Qué ironías, ¿no?
Que sobre este tema la reunión entre el gobernador Pablo Lemus y los colectivos de búsqueda para elegir a los próximos titulares del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado, es un paso importante hacia la búsqueda de soluciones para las familias de personas desaparecidas en Jalisco. La propuesta de ley para dar autonomía a la Fiscalía en Personas Desaparecidas es una demanda largamente esperada por las familias de víctimas, quienes han denunciado la falta de avance y atención a sus casos. La creación de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, independiente de la Fiscalía del Estado y del Poder Ejecutivo, podría ser un paso importante hacia la resolución de estos casos. Sin embargo, es importante destacar que la autonomía de la fiscalía no es suficiente por sí sola. Se necesitan recursos humanos, materiales, financieros y técnicos especializados para que la fiscalía pueda funcionar de manera efectiva. Además, es fundamental que la fiscalía sea transparente y rinda cuentas a las familias de víctimas y a la sociedad en general.
