Desatado andaba ayer el diputado emecista Gerardo Quirino, coordinador de la bancada de su partido en el Congreso del estado. Y es que después de que se aprobaron cambios en la manera de distribuir el dinero público para los partidos políticos en Jalisco, el legislador lanzó una serie de mensajes en Twitter donde presumía lo aprobado en la sesión con frases como “La ley #SinVotosHayFortuna de Pedro Kumamoto quedó sepultada en el basurero de la historia. @FuturoJal y @HagamosJalisco ahora sin votos no habrá dinero, para ponernos a trabajar con y por la gente”. O “La ley ‘Sin voto no hay dinero’, que encabezó y promovió con bombo y platillo Pedro Kumamoto, ha resultado ser un engaño, convirtiéndose en la ley ‘Sin votos, hicieron una fortuna’”. Parece que el legislador tlajomulquense desayunó gallo. Le hubieran escondido el celular.
Quienes esperaban un posible arreglo o pacto entre gobierno del estado y Universidad de Guadalajara vieron ayer cómo se desvanecía cualquier oportunidad para ello. La marcha para exigir la aparición con vida del estudiante Miguel Soto es totalmente válida, pero desde Casa Jalisco fue anotada como un movimiento más en la disputa que existe desde hace más de un año entre la actual administración, y el grupo fuerte de la universidad, sobre todo por haber sido encabezada por el rector general, Ricardo Villanueva. Así que puede usted apostar a que las diferencias se mantendrán por lo menos dos años más.
Pues a final de cuentas no procedió la denuncia presentada por la regidora morenista Candelaria Ochoa en contra del presidente municipal Pablo Lemus por presunta violencia política de género. Un documento oficial del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco señala que tras analizar el caso los magistrados resolvieron declarar “la inexistencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género”. La queja de la regidora se dio luego de que el alcalde señaló en medios, entre otras frases, que los ediles de Morena en Guadalajara hacían “grilla barata” al criticar el fallo del contrato de arrendamiento de patrullas y equipo para los policías municipales.
