Crece el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado por el multimillonario fraude inmobiliario de la empresa Asesoría Jurídica profesional (AJP). Ayer el fiscal Luis Joaquín Méndez informó, tras reunirse con afectados, que sumaban hasta el domingo 728 denuncias; que se tienen asegurados siete inmuebles, y que hay por lo menos 31 propiedades en proceso de inmovilización legal. Lo cierto es que de buena fuente se sabe que son muchos, pero muchos más los afectados, y que entre ellos hay quienes apenas arman sus expedientes, pero otros consideran no presentar querella porque los montos invertidos son pequeños frente a los que colocaron muchos otros inversionistas. Entonces es probable que al final, por más casos documentados que haya, se quede en duda el número real de defraudados.
Señalan que el magistrado Alberto Barba Gomez, protege a la empresa FICSE, a la que le estarían asignando contratos de servicio mediante asignaciones directas, lo cual encarece el servicio que pagan ayuntamientos y entidades estatales. Se sabe que otra empresa, LSD, ganó una licitación en Zapopan, aunque no puede entrar a dar el servicio por decisiones dictadas desde mandos superiores. Al final, como siempre, pierden los contribuyentes.
Falta mucho para las campañas, pero las encuestas sobre intención del voto siguen su curso desde hace tiempo. Entre ellas resulta curiosa una realizada por la empresa Massive Caller, pues cuando se pregunta a los ciudadanos sobre los diferentes aspirantes a la gubernatura, aparecen personajes activos como Pablo Lemus (MC); y Carlos Lomelí (Morena); pero en el caso de PAN y PRI los nombres señalados son políticos alejados de los reflectores: En el caso del PRI es Arturo Zamora, y en el PAN, Alfonso Petersen Farah. O sea, falta más trabajo político de los actuales en estos dos últimos partidos.
Si usted acostumbra circular de manera cotidiana por la avenida Hidalgo, en Guadalajara, prepárese para encontrar que el carril del Bus-bici esté operando, o a punto de hacerlo esta semana.Dicho espacio, el de la derecha, será exclusivo para transporte público y bicicletas. Cualquier otro vehículo será infraccionado.
