Hacía rato que no se veía en Jalisco una movilización sindical como la ocurrida ayer con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo. La pandemia de covid-19 suspendió por completo concentraciones como la de este domingo en Analco, por lo que resultó bastante inusual ver otra vez este tipo de actos con líderes sindicales, base obrera, y autoridades. Tal vez no fueron las multitudinarias marchas de antaño, pero pensemos en que el 1 de mayo cayó en domingo, y no resultaba tan sencillo un gran poder de convocatoria. Lo que hay que ver es la relación entre sindicatos y gobierno, pues aunque hubo muestras de unidad, también hubo algunos reclamos de dirigentes por temas de seguridad y acoso a los trabajadores.
Y ya que hablamos del Día del Trabajo, por allí anduvo en la ceremonia la nueva presidenta estatal del PRI, Laura Haro, quien fue invitada para estar en el presidium, y tomar la palabra. Para que quede claro que la relación sindical con el PRI no ha perdido tanta fuerza como muchos creen.El tiroteo de ayer en Mazamitla, Jalisco, puso en evidencia un problema que se viene gestando desde hace ya varios meses: que el crimen organizado aprovecha la cercanía con Michoacán para ir y venir entre ambos estados según les convenga, y con ello aprovechar para eludir la mano de las policías estatales. Hay responsabilidad de autoridades de ambos estados en situaciones como la de ayer, pero mientras no haya voluntad del gobierno federal para resolver este problema (como tampoco la hay para muchos otros focos rojos más), siempre estará latente el peligro. Por fortuna, hasta ahora, los enfrentamientos han sido entre grupos rivales.
Si se encuentra Usted hoy al presidente municipal de Guadalajara en las oficinas de la Fiscalía del Estado, sepa que estará allí para presentar una denuncia en contra de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Todo parece indicar que es parte de la disputa existente en torno al contrato para arrendamiento de equipo para la policía, incluyendo cientos de patrullas, misma que ha generado fricciones entre el alcalde y el magistrado, quien ha dictaminado en contra de dicha adjudicación, algo que el alcalde considera ilegal.
