Que llega hasta esta esquina información respecto a la denuncia hecha por el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, que llevó al retiro de más de mil cámaras instaladas en el municipio supuestamente por ser ilegales, que nos dicen que no hay cosa más alejada de la realidad pues son equipos que eran utilizados para la seguridad de los ciudadanos.
Los mal pensados nos dicen que pareciera que lo que quieren es disminuir la posibilidad de vigilancia de las calles de la ciudad, pues muchas de las cámaras que “bajaron” estaban conectadas al C4 de la capital internacional de la cajeta, lo que se presta sin duda a muy malas interpretaciones.
Que nos advierten que existe un gran riesgo en la práctica que emprenderán algunos alcaldes de recontratar a elementos policiales que fueron dados de baja pues la mayoría de ellos en su expediente portan el nada agradable antecedente de haber salido por pérdida de confianza y lo peor en una zona donde se presume una fuerte influencia de los grupos delincuenciales.
En esa situación está justo el actual alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, quien dio de baja a ex elementos de la extinta Policía Federal, a quienes se les atribuye un trabajo importante en la reducción de delitos como la extorsión en tanto los que buscan contratar no tienen buenos antecedentes, al menos la mayoría.
Que ayer se dio un anuncio importante desde la Secretaría de Economía que habla de la confianza de los inversionistas en México y en Guanajuato, pues la empresa armadora de autos Toyota establecida en Apaseo el Grande trae una inversión de más de mil 400 millones de dólares para ampliar sus operaciones en el Bajío y en Baja California.
Esta cantidad significa la primera más importante para el sexenio que encabeza la gobernadora de Guanajuato, Libia García, quien tiene en la secretaria de Economía local, Cristina Villaseñor, un elemento importante que tiene como reto no solo mantener las inversiones en Guanajuato sino expandirlas, nos dicen que vienen más anuncios.
