Que para nada sorprenden las declaraciones hechas ayer por el fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa respecto a la sospecha de posibles nexos entre alcaldes electos y grupos criminales que operan en la entidad, el tema aquí y es muy importante saber quiénes son los involucrados y que se proceda conforme a derecho.
Para nadie es oculto que algunos de los señalados estarían en la región Laja-Bajío donde la violencia ha estado a la orden del día en los últimos años y no descarte a presidentes electos y propuestos por más de un partido político, ojo en los municipios donde opera especialmente el grupo delictivo local.
Que a pregunta expresa respecto a los señalamientos de la gobernadora electa Libia García en torno al relevo inminente en la Fiscalía General del Estado, Zamarripa Aguirre fue contundente “a mí nadie me ha dicho nada” al menos no de manera oficial por lo que dijo su compromiso es trabajar y hacer lo que por ley le toca y el período concluye en 2027.
Con ello el fiscal se mantiene lejano de los movimientos políticos en el estado sabedor que la decisión del cambio está justo del lado de la autoridad investigadora pues constitucionalmente la Fiscalía es un organismo autónomo, no por ello alejado de la autoridad del Legislativo y Ejecutivo.
Que es inminente que el estado de Guanajuato se sumará al paro de trabajadores del Poder Judicial Federal en demanda de que no proceda la propuesta de reforma al Poder Judicial planteada desde el Poder Ejecutivo y en análisis del Poder Legislativo, pues consideran que no se está respetando la autonomía de los poderes y el análisis fue una simulación.
El impacto será de proporciones inimaginables, pues resulta que quedarán en suspenso por ejemplo procesos que dejarán en el limbo judicial a cientos de personas que se encuentran en medio de un proceso jurídico, habrá sentencias que podrían retrasarse y ello afectando a ciudadanos que ni la deben.
