Que quienes piensan que el retiro del candado constitucional que impide a un no nacido en Guanajuato pueda ser fiscal del estado no necesariamente tiene que ver con que la gobernadora electa ya tenga un gallo para ocupar eventualmente el cargo y ni siquiera que esté contemplando a alguien de otra entidad del país.
Primero habrá que decir que el único que puede abrir el paso a una sucesión es el actual fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, pues su encargo como lo contempla la Constitución del Estado dura 9 años con lo que le faltan 3 y la única manera de que fuera despedido es por una causa grave, cosa que nadie le ha probado, si no, ya tendríamos el caso de Morelos.
Que en ese escenario lo primero que tendría que suceder si es que hay un acuerdo previo para ello es que el fiscal solicite una licencia hasta el término del período que le toca estar al frente del organismo encargado de procurar justicia y entonces se activaría el procedimiento para arrancar la sucesión.
Y entonces es donde entramos en el supuesto de la reforma Constitucional que busca permitir que se nombre en general a un mexicano con todos sus derechos, no necesariamente nacido en Guanajuato, para ser fiscal lo que también podría significar el nombramiento de alguien que ya radica en la tierra de José Alfredo Jiménez y no necesariamente se vaya a traer de fuera.
Que como cada año desde el 2015 el Partido Acción Nacional, lanzó una encuesta para simpatizantes y militantes del albiazul que les permitirá realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del proceso electoral pasado con miras a las elecciones del 2027. Los resultados estarán en el primer trimestre del 2025 con lo que dicen será una herramienta para definir estrategias para el próximo proceso electoral.
Pero pareciera que poco han rescatado de estos análisis, sobre todo, a la hora de emprender sus procesos internos tanto para la selección de candidatos como para la renovación de sus dirigentes, pues realmente en simpatías han venido a menos por lo que o se renuevan, o mueren.
