Que de risa loca resultó la iniciativa modifica la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato que tiene como objetivo el incorporar la perspectiva de género en los instrumentos de planeación, evaluación e indicadores del sistema, cuando hace apenas unos días batearon un proyecto de mayor utilidad como era la creación de un padrón confiable de proveedores.
Ayer el Poder Legislativo aprobó la metodología consiste en que el documento se enviará para recabar opinión a los comités Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y al de Participación Ciudadana y a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, ésta última una de las artífices de darle palo a la iniciativa ciudadana recién rechazada por el legislativo.
Que por cierto los días pasan y aún no hay fecha para la celebración de un período extraordinario de sesiones pues aún hay temas pendientes de revisar entre otros la iniciativa de ley para dotar de obligatoriedad a los municipios para que sus policías cuenten con recursos para realizar labores de investigación.
El tema fue bandera de la Convención Legislativa en Materia de Seguridad y un asunto urgente de atender pues en Guanajuato el horno no está para bollos, ya que el estado ocupa los nada honrosos primeros lugares en muchos delitos especialmente el homicidio donde no hemos salido del top 10.
Que una de las incógnitas que más interés causa en este momento es respecto a quiénes integrarán el gabinete legal y ampliado de la gobernadora electa Libia García, la baraja de nombres es tan amplia como la española pero, aunque aseguran que están en el análisis de perfiles, los nombres y cargos que ocuparán están guardados a piedra y lodo.
Llama la atención el proceder del equipo de headhunters de la gobernadora electa pues ya pasó más de un mes del triunfo en la jornada electoral y se esperaba que tras salvar la impugnación de Morena ante el Tribunal Electoral se develaría el misterio, pero no fue así.
