Que la Fiscalía del Estado de Guanajuato ya ha realizado una serie de capacitaciones con entidades gobernadas por Morena, entre ellas ni más ni menos que la Ciudad de México, a quienes están orientado en temas de digitalización de sus servicios además de portales como el de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas.
Por eso sorprende que la jefa de gobierno de aquella entidad, Claudia Sheinbaum, se haya colgado del discurso de sus líder moral acusando a la FGE de mal desempeño y falta de colaboración, lo que sorprendió a propios y extraños por la colaboración que hay con ellos en materia de procuración de justicia… que alguien le explique.
Que por otra parte, preocupa sobremanera que una de las líneas de investigación del titular de la contraloría de Abasolo, Erick Abel Canto Crivelli, tenga que ver presuntamente con el cese inmediato de Franklin Ramírez Hernández, director de seguridad pública municipal desde hace 4 años.
El tema llama mucho la atención, pues ahora resulta que en municipios de la zona caliente del estado ahora corren peligro funcionarios que por hacer bien su trabajo empiezan a poner en riesgo su vida. Nos han llegado datos de amenazas en temas que tienen que ver incluso con transparencia en asignación de obras.
Que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se dijo abierto a que el Congreso del Estado decida la manera en la que se destinarán recursos a la comunidad LGBTIQ en la entidad, derivado del juicio de amparo ganado para ver reflejado una parte de los egresos de la entidad a programas dirigidos a este sector de la población.
Y hablando de presupuesto, una de las obras insignia en materia de seguridad es el Instituto de Formación Policial, ubicado en el municipio de Villagrán, que a raíz de la reasignación de presupuesto por la pandemia se tuvo que suspender y esperan que en enero del próximo año se reanude la obra con recursos frescos.
