G. R. ZEPEDA LECUONA*
P. G. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ**
México vive actualmente una crisis de violencia, alcanzando niveles nunca antes vistos en la historia del país, ya que al cierre de 2018 se contabilizaron más de 33 mil víctimas de homicidio doloso. La tercera edición del estudio “Impunidad en homicidio doloso” busca, además de analizar la incidencia de este delito, examinar la capacidad de respuesta que tiene el Estado para castigar a los responsables y estimar así los niveles de impunidad que se tienen en el país.
Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es reducir la violencia homicida, sin embargo, México está lejos de abonar con este compromiso ya que, de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), nuestro país es uno de los más violentos en términos de homicidio, solo detrás de países como El Salvador, Jamaica, Honduras o Sudáfrica. Sin embargo, si se consideran únicamente los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tenemos que México es el país más violento de dicha organización, superando, por mucho, al segundo sitio que ocupa actualmente Estados Unidos de América.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en México fue de 24.8. Además, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) los homicidios fueron la principal causa de muerte dentro de las causas externas de mortalidad y de morbilidad, y la sexta considerando todas las causas de muerte (es decir, enfermedades y causas externas). Sin embargo, resulta más alarmante y preocupante que entre la población de 15 a 44 años, los homicidios se situaron como la principal causa de muerte.
Si bien la tasa nacional de homicidios se estimó en 24.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, algunas entidades del país presentaron tasas superiores a los países más violentos del mundo como El Salvador, Jamaica y Honduras. Tal fue el caso de Colima, con una tasa de 93 homicidios, seguido de Baja California, con 89.1, Guerrero, con 68.1, Chihuahua, con 58.7, y Guanajuato, con 53.8. En el extremo contrario encontramos que las entidades del país con las menores tasas de homicidio fueron Yucatán (2.2), Aguascalientes (5.5), Campeche (7.4), Hidalgo (7.6) y Coahuila (7.8). Asimismo, del total del víctimas de homicidio doloso en 2018, tenemos que 40.8% se concentró en solo cinco entidades del país.
Las causas de estos altos niveles de violencia son atribuibles en gran medida a actividades del crimen organizado. La UNODC estima que, en el mundo, alrededor de 65 mil asesinatos al año fueron relacionados con el crimen organizado y pandillas; en México, se estima que una proporción superior a 50% de los homicidios tiene relación con organizaciones criminales. La modalidad con que son cometidos los asesinatos también soporta en gran medida esta premisa, ya que en nuestro país 71% de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego, que en la mayoría de los casos proviene de una posesión ilegal.
Queda evidenciado entonces que nos encontramos ante una tendencia creciente en cuanto al número de víctimas en México, que parece estar lejos de revertirse. Ante esto, resulta fundamental preguntarse ¿cuál ha sido la capacidad de respuesta del Estado para llevar ante la justicia a los responsables? Desafortunadamente nos encontramos en el peor escenario posible, ya que la evidencia nos muestra que la capacidad para investigar, procesar y castigar a los responsables está estancada en nuestro país, y nunca ha superado las 4 mil 803 sentencias condenatorias (observadas en 2005), independientemente del número de homicidios que ocurran. Incluso, en los últimos años se observa un descenso en la capacidad del Estado que, aunado a un crecimiento en el número de homicidios, provoca que los niveles de impunidad en homicidio doloso vayan en aumento.
De acuerdo con información recabada vía solicitud directa a cada una de las entidades para la realización de nuestra investigación, se estima que durante 2018 se dictaron un total de 4 mil 294 sentencias por el delito de homicidio doloso, de las cuales, 83.8% (es decir, 3 mil 600), fueron sentencias condenatorias. Es así que la impunidad en homicidio doloso en México para 2018 se estimó en 89.0%, es decir, que solo en uno de cada 10 homicidios ocurridos se castigó al responsable.
Al analizar las distintas entidades observamos que incluso hay algunas donde la impunidad fue prácticamente total. Por ejemplo, el primer sitio lo ocupó Morelos, con 99.6%, seguido de Chiapas, con 99.0%, Oaxaca con 97.8%, Nayarit, con 97.7%, y Quintana Roo, con 96.6%. Por su parte, las entidades con menor impunidad fueron Yucatán, con 27.1% (manteniéndose por tercera ocasión consecutiva como la entidad con menor impunidad en este delito), Aguascalientes, con 45.5%, Nuevo León, con 61.0%, Durango, con 64.8%, e Hidalgo, con 71.7%. En la primera edición de este estudio solo tres estados presentaban más de 91% de impunidad, sin embargo, para este año, 11 estados excedieron 91% y siete rebasaron 95%. El único caso por debajo de 30% fue Yucatán, que incluso ha alcanzado impunidad cero para este delito.
Es fundamental reducir estos altos niveles de impunidad, ya que son el principal aliciente para que se sigan cometiendo más delitos, al no existir una expectativa real de ser castigados. Entonces ¿qué se puede hacer ante esta situación? Es necesario mejorar la investigación y la capacidad de los ministerios públicos para llevar ante los juzgados a los responsables, para lo cual la capacitación, coordinación, equipamiento y mejores modelos de investigación criminal son indispensables. Por otro lado, el trabajo de los policías ministeriales y peritos, en conjunto con el ministerio público, es clave para llevar casos sólidos ante los jueces. En el caso de los crímenes relacionados con el crimen organizado esto supone una complejidad adicional. A la par se deben implementar estrategias para reducir y prevenir la violencia; en algunas entidades se han observado buenas prácticas al respecto que pueden replicarse previo diagnóstico, a fin de diseñar e implementar políticas públicas diferenciadas, de acuerdo con la realidad de cada territorio.
La violencia homicida y la impunidad deben revertirse. El Estado es responsable de garantizar a la población la seguridad y el acceso a la justicia; por desgracia, actualmente nos encontramos lejos de alcanzar estas condiciones que deberían ser una realidad para todos los mexicanos. Nos toca como sociedad exigir a las autoridades que actúen en congruencia.
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*Doctor en derecho. Profesor-investigador de El Colegio de Jalisco e investigador de Impunidad Cero.
**Maestra en políticas públicas. Investigadora de Impunidad Cero.
