A más de un año de ser detenido, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, recibió en una cárcel de Miami la notificación de procedencia a la solicitud de extradición del gobierno mexicano con el fin de ser procesado acá por diversos delitos de corrupción.
Si bien todavía cabe la posibilidad de apelación por parte de quien también fuera ex presidente de la Cámara de Diputados, es inminente que el próximo año Duarte dejará Estados Unidos y deberá enfrentar su proceso en nuestro país.
En el periodo de corrupción que marcó al sexenio de Enrique Peña Nieto hubo a su vez réplicas estatales tan escandalosas que llevaron al propio gobierno peñista a impulsar de manera simulada procesos legales contra mandatarios aliados, como Javier Duarte, Roberto Borge, Rodrigo Medina, Fausto Vallejo y Andrés Granier.
El único caso de escandalosa corrupción estatal —y quizá el más relevante de todos— que la administración de Peña Nieto encubrió a ultranza, incluso más que a Emilio Lozoya, fue el de César Duarte, contra quien la extinta PGR decretó el no ejercicio de la acción penal el 15 de marzo de 2018.
Sin embargo, un desvío personal de más de mil 550 millones de pesos, la creación de factureras, latifundios, la adquisición de un banco y decenas de propiedades suntuosas en México y EU, así como pagos a líderes oficiales, opositores, religiosos y empresariales, fueron descubiertos por una operación judicial estatal pocas veces vista que finalmente reactivó el expediente cerrado por el peñismo y llevó a proceso a Duarte y a otros funcionarios nacionales, estatales, diputados, auditores, magistrados y empresarios coludidos.
La pregunta que prevalece ahora es cómo regresará Duarte. Si lo hará para enfrentar las serias acusaciones planteadas contra viento y marea por la Fiscalía de Chihuahua en la era de Javier Corral, bajo el afanoso trabajo del grupo especial de fiscales, agentes y peritos apodados “Los X”, o si buscará establecer algún acuerdo como testigo colaborador con la Fiscalía General de la República.
Si realmente colaboran y no juegan cínicamente con su peculiar posición como declarantes, entre Lozoya y Duarte puede ir cerrándose la pinza para conocer la proporción real del latrocinio ocurrido en el gobierno anterior.
