El 12 de octubre de 2020, la comunidad otomí de Ciudad de México tomó las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), renombrándolas Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, un espacio que ya lleva tres años siendo ocupado y autogestionado por la diversidad originaria que forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Apenas el pasado 16 de octubre, medio millar de granaderos cercaron el lugar con la finalidad de llevar a cabo un operativo de desalojo fallido que dejó una decena de personas heridas, incluyendo menores, adultos mayores y con capacidades diferentes.
El parte de lesiones causadas por los policías capitalinos incluye a un joven golpeado con escudos en la cabeza y el cuerpo, provocándole lesiones profundas; un adolescente atacado entre cinco agentes; una niña desmayada a causa de una patada en la cabeza; una adolescente tirada al piso y jalada del cabello por un elemento y luego golpeada en las costillas y la espalda por otros ocho; dos mujeres de la tercera edad derribadas y agredidas, y una documentalista a la que golpearon esguinzándole un dedo y rompiendo los lentes de la cámara con la que registraba el operativo.
Tras el fracasado acto de represión oficial, alrededor de una hora después, llegó una banda de motociclistas a tratar de intimidar a los ocupantes del espacio de resistencia. Otra hora después de haberse ido volvieron por segunda ocasión para realizar ahora tres disparos de arma de fuego en plena madrugada.
A causa de eso, la comunidad otomí ha estado en vilo y desde entonces ha instalado una barricada sobre la avenida México-Coyoacán; por su parte, el gobierno capitalino ha evitado entablar algún tipo de diálogo o respuesta a las demandas planteadas.
“Es lamentable que a más de tres años de la toma del INPI, la exigencia de una ‘vivienda digna y decorosa’ siga sin atenderse como hace 3 años, pero también como hace 30 años. No importa el color del gobierno en turno, la indiferencia y el desprecio siguen siendo los mismos”, denunciaron el CNI y el EZLN en un comunicado reciente donde cuestionan el ominoso silencio oficial.
¿Acaso se cierne un nuevo operativo de desalojo? Es una pregunta que el jefe de Gobierno, Martí Batres, ha omitido responder. La guerra contra los pueblos de Ciudad de México debería parar.
