Entre los postulados del dictamen de Arturo Zaldívar y su equipo había uno que establecía que el director del IMSS, como máxima autoridad, era responsable de los hechos investigados, lo que abría una caja de Pandora para altos funcionarios
SERIE PERIODÍSTICA “ABC DE UNA OPERACIÓN DE ESTADO” / CAPÍTULO VIII
¿Es responsable el Presidente de la guerra del narco?
Con debido sigilo, el ministro Arturo Zaldívar elaboró junto a su ponencia el Proyecto ABC discutido en el pleno de la Suprema Corte de Justicia.
En ese mismo 2010, la guerra del narco declarada por el presidente Felipe Calderón escalaba hasta llegar a su punto álgido el año siguiente, al sumar un promedio de 24 asesinatos por cada cien mil habitantes, el momento más violento de un violento sexenio per se.
Al seguir en aquella época al caso ABC al interior de la Corte, mediante testimonios off the record de familiares, abogados, activistas y funcionarios menores, pude registrar parte de la pugna política y judicial alrededor de la tragedia ocurrida en Hermosillo, Sonora.
La Operación de Estado para impedir el señalamiento de responsables, ahora queda más clara gracias al testimonio del ministro Zaldívar en esta serie periodística en la que se intentan abordar también aspectos de la poco avistada vida interna del máximo tribunal del país.
Si por entonces dentro de la élite de la Corte se agitaban tempestades alrededor del caso ABC, en pueblos y ciudades del país el aumento de la presencia y operaciones del Ejército y la Marina acarreaban hechos trágicos a caudales. Uno de ellos el asesinato de los niños Martín y Bryan Almanza, ocurrido el 6 de abril de 2010 en un retén militar de Tamaulipas.
Entre los novedosos postulados del dictamen de Zaldívar y su equipo había uno sobre la existencia de un desorden generalizado en la enorme mayoría de las guarderías subrogadas por el gobierno a particulares, lo cual no solo había provocado la tragedia en Sonora, sino que dejaba latente la posibilidad de otras tragedias en las demás estancias infantiles del país. Con base en ello, el proyecto de Zaldívar establecía que el director del IMSS, como máxima autoridad, era responsable de los hechos investigados.
¿A partir de este planteamiento se abría una caja de Pandora?, ¿si se establecía la responsabilidad de altos funcionarios en el siniestro de la Guardería ABC, por acciones u omisiones de subordinados, quedaba la puerta abierta para que el presidente Felipe Calderón, comandante en jefe de las fuerzas armadas, pudiera ser juzgado a su vez por crímenes cometidos por soldados que participaban en una guerra en la que realizaban labores policiales para las cuales no estaban capacitados?
¿Lo que se jugaba la clase política con el caso ABC no solo era la responsabilidad de altos funcionarios del IMSS y del gobierno de Sonora, sino también la de sentar precedente para revisar jurídicamente la irresponsable declaración de guerra lanzada por el presidente Calderón en medio de la crisis de gobernabilidad bajo la cual llegó al poder en 2006?
Pude incluir en el epílogo de mi libro La guerra de los Zetas, publicado en 2012, solo un poco de esta discusión que ocurrió a puertas cerradas en la Corte. La entrevista que hago ahora con el ministro Zaldívar representó la posibilidad de retomar preguntas pendientes de mis libretas de notas de aquellos años.
—Tengo versiones acerca de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, planteó a sus compañeros ministros que de aprobarse su proyecto ABC se abría la puerta para que el presidente Calderón fuera juzgado en el futuro por crímenes que estuvieran cometiendo soldados comisionados en la guerra del narco… ¿qué piensa al respecto?
—Justamente ese fue un argumento que me dio Gómez Mont cuando discutimos sobre la orientación de mi proyecto: que entonces el presidente sería responsable por cualquier cuestión que estuviera sucediendo, por ejemplo, en el uso de las fuerzas armadas. Y yo lo que le dije a Fernando fue: “Ese no es el caso que estamos viendo. El caso que estamos viendo es otro, yo no estoy responsabilizando al presidente, creo que el caso no da para eso, pero sí al director del IMSS del momento [Daniel Karam] y al anterior director del IMSS [Juan Molinar Horcasitas], y al gobernador [Eduardo Bours], porque el IMSS es un organismo descentralizado”.
—Por lo que me dijeron, había quienes tomaban como ejemplo el entonces reciente asesinato de una familia en un retén militar de Tamaulipas. Ante casos así, el proyecto ABC habría alentado la responsabilidad no solo de los soldados que se equivocaron, sino del propio presidente…
—Este argumento que se dio me parece falso y tremendista. Creo que es concientemente falso, es decir, creo que se construyó precisamente para generar: “No, no, no podemos llegar a eso, ¡Zaldívar enloqueció!”. No, no, a ver: que en un retén unos soldados priven de la vida a unas personas es un error o es un delito, dependiendo cómo se realizó. Pero de aquí no se sigue la responsabilidad ni del general secretario ni mucho menos del presidente de la República. En el ABC la responsabilidad del IMSS no es porque murieron 49 niños, es porque había un desor-
den generalizado.
“Por ejemplo, si como sucedió en el pasado, el presidente de la República, jefe supremo de las fuerzas armadas, manda la orden de: ‘No se preocupen por los derechos humanos’, pues aquí sí podría haber una responsabilidad para ese presidente que dio esa orden, pero si las fuerzas armadas o policiacas actúan en el marco de la ley, y en ese marco de la ley hay excesos o hay errores, los responsables son quienes cometen los excesos y los errores.
“Si para la fuerza pública no hubiera protocolos ni lineamientos, se cometieron errores y excesos porque no hay lineamientos o no hay protocolos, pero lo cierto es que sí los hay, entonces, creo que el argumento no se sostiene. Es un argumento tremendista para decir: ‘Miren lo que va a pasar’. Y creo que fue efectivo, porque sí movió votos de algunos ministros. ‘Miren lo que puede pasar con esto’, y por el otro lado: ‘Ya enloqueció Zaldívar’”.
—Quizá suena tremendista desde el punto de vista institucional, pero en términos de la necesidad de justicia que hay en el país, sentar precedentes de que cualquier funcionario, incluso el presidente, se haga responsable de decisiones de políticas públicas que acaban en tragedias sonaba esperanzador.
—Es que hay que ver varias cosas. Lo primero es que lo que se sostuvo en el ABC no es aplicable a este caso que usted plantea, más allá si sea plausible o no. Segundo, que esto es bien importante: el ABC no es un precedente jurisdiccional. La investigación del ABC no es jurisdiccional. Consecuentemente, no genera un precedente que obligue. Por eso creo que el argumento era tremendista. El argumento era para espantar: “Imagínense lo que puede suceder. Van a responsabilizar a partir de ahora al presidente en turno”. No. Ni se plantea en mi proyecto, ni se desprende de mi proyecto.
—Pero desde el punto de vista de la necesidad de justicia, sería bueno que el presidente se hiciera responsable…
—Pero ese es otro tema. Si usted me dice: ‘Desde el punto de vista constitucional y el ABC’, yo le digo: ‘No’. Si usted quiere que hablemos sobre ¿qué sería bueno que dijera la Constitución? Ese es otro tema. Pero es decir, que se haya descalificado el proyecto del ABC, porque a partir de ahí se iba a responsabilizar al presidente era un argumento que en lógica de la discusión se llama tremendista para tratar de llegar a algo, a un extremo que no se desprende del caso, a fin de generar una respuesta en contra de lo que se estaba planteando.
“Fue un argumento retórico, porque Fernando es un hombre inteligente, un buen argumentador, y creo que dándose cuenta de que era indefendible el caso lo que trató de decir es: ‘Imagínense, si ustedes aprueban esto, mañana van a tener que responsabilizar al Presidente’. Y obviamente tú como ministro dices: ‘Pero es que, ¿cómo vamos a responsabilizar al Presidente?”’
(CONTINUARÁ…)
