Para cerrar realmente la brecha de género en la Judicatura, es necesario ir más allá del discurso de la igualdad formal y adoptar medidas efectivas que transformen las desigualdades estructurales
Claudia Goldin fue galardonada con el Premio Nobel de Economía en 2023, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este reconocimiento en solitario. En su investigación, desafía la idea de que el crecimiento económico y la educación, por sí solos, son suficientes para cerrar la brecha de género. Aunque las mujeres han ganado espacio en el mundo profesional, todavía enfrentan desafíos significativos. Goldin muestra cómo nos vemos con frecuencia obligadas a elegir entre avanzar en nuestras carreras o dedicarnos a la familia, debido a estructuras laborales inflexibles y expectativas sociales que perpetúan los roles de género tradicionales.
El resultado del último concurso de oposición para magistraturas de circuito en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación (PJF), en el cual los vencedores rindieron protesta en enero de 2024, nos brinda una oportunidad ineludible para reflexionar sobre la persistente brecha de género en los espacios de toma de decisiones. Aunque el concurso se llevó a cabo bajo el principio de igualdad de condiciones, con convocatorias diferenciadas para hombres y mujeres, el número de ellas inscritas fue menor al de los lugares disponibles. De los 62 magistrados que rindieron protesta, solo 10 eran mujeres, a pesar de que se ofertaron 25 plazas para ellas. Sorprendentemente, ni siquiera 20 mujeres se inscribieron.
Este fenómeno nos obliga a cuestionar las razones detrás de la baja participación femenina en estos procesos, más allá de la retórica de la igualdad formal. Desde una perspectiva de derechos humanos, esta situación refleja las barreras estructurales y culturales que continúan limitando el acceso de ellas a altos cargos dentro del sistema judicial.
El hecho de que menos mujeres se hayan inscrito, a pesar de que muchas dentro del PJF cumplían con los requisitos, es un síntoma de una estructura que sigue obstaculizando su acceso y permanencia en estos espacios. Para cerrar realmente la brecha de género en la Judicatura, es necesario ir más allá del discurso de la igualdad formal y adoptar medidas efectivas que transformen las desigualdades estructurales. Esto implica un cambio cultural, organizacional y normativo que garantice que la elección entre la vida profesional y la vida familiar no siga siendo un dilema exclusivamente femenino.
Sin embargo, este hecho pronto quedará en la anécdota, ya que los concursos de oposición para ocupar estos cargos han desaparecido. Con la reforma al Poder Judicial del 15 de septiembre de 2024, los magistrados serán elegidos mediante voto popular. No obstante, uno de los principales problemas de esta reforma es que no garantiza la igualdad formal. La paridad de género en las candidaturas no fue contemplada en la reforma misma, sino que se implementó posteriormente mediante un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), estableciendo una distribución equitativa entre las candidaturas de hombres y mujeres.
El proceso electoral en curso, aunque formalmente inicia campañas el 30 de marzo, tuvo un punto de inflexión el 12 de octubre de 2024, cuando el Senado utilizó una tómbola para determinar las 850 plazas de juezas y jueces, magistrados y magistradas que serán renovadas por voto popular en la elección del 1 de junio de 2025. Con esta tómbola, el azar decidió quiénes perderían sus adscripciones y tendrían que cederlas a quienes las ganen mediante votación, sin tomar en cuenta trayectoria, méritos o compromiso con la impartición de justicia.
Este mecanismo deja en evidencia la ausencia de un criterio de igualdad formal, perpetuando un modelo en el que el esfuerzo individual y la vocación judicial de cada persona, especialmente de las mujeres, quedan subordinados a la casualidad. Para aquellas mujeres que han dedicado su vida a la justicia en un entorno históricamente adverso, donde el techo de cristal y la doble carga de trabajo han limitado su acceso a cargos de alto nivel, esta decisión no solo ignora su trayectoria, sino que profundiza las desigualdades estructurales.
Si el azar no estuvo de su lado ese día, su experiencia, su preparación y su lucha por abrir espacios en un mundo de hombres no tuvieron valor alguno. Este proceso, lejos de garantizar equidad, refuerza un esquema de exclusión, en el que el derecho de las mujeres a consolidar su carrera judicial queda relegado a un mero juego de suerte.
Esta reforma no solo atenta contra la estabilidad laboral de las mujeres en el Poder Judicial, sino que borra de un plumazo décadas de lucha por la equidad. No solo afecta a quienes fueron despojadas de sus adscripciones, sino también a quienes hemos elegido la impartición de justicia como vocación de vida y nos negamos a someternos a una contienda electoral que convierte la justicia en una batalla de votos y no de méritos.
Para nosotras, que hemos peleado por una carrera judicial basada en capacidades y no en la popularidad política, esta reforma representa un retroceso mayúsculo en la lucha por la igualdad de género en el ámbito judicial.
Entonces, ¿dónde queda nuestro derecho a la estabilidad laboral, conquistado tras décadas de esfuerzo en un sistema que históricamente ha limitado el acceso de las mujeres a altos cargos? ¿Dónde queda nuestra lucha por la equidad en la carrera judicial, ahora reducida a una competencia electoral que minimiza nuestra preparación y trayectoria?
Esta reforma no solo amenaza el empleo de muchas mujeres en la Judicatura, sino que desmantela el principio de igualdad sustantiva, dejando a la justicia—y a nosotras—en manos de un proceso arbitrario, despojado de perspectiva de género y ajeno a los principios democráticos de igualdad y meritocracia.
*Secretaria Auxiliar adscrita a la Segunda Sala de la SCJN.
