Llegamos a este proceso electoral con reformas inéditas que abren la puerta del acceso a la justicia para las mujeres e infancias que había sido negada por la alta representación de hombres deudores alimentarios en el Congreso Legislativo de San Lázaro y en el Senado. Finalmente, logramos la aprobación de Ley Sabina el 22 de marzo del 2023 que además del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, incluye restricciones como la no emisión de licencias de manejo ni el pasaporte a quienes no cumplan con su responsabilidad económica paternal.
La organización de las mujeres desde la colectiva de Las Constituyentes, hicieron posible la Ley 3 de 3 contra la violencia, que impide el paso a violentadores políticos, agresores en el ámbito familiar y a deudores alimentarios; esto mediante “sentencia firme”. Lo último, es un obstáculo para hacer efectiva la reforma porque el proceso civil y judicial que enfrentan las madres para exigir el cumplimiento de alimentos puede llevar de 1 a 10 años o más. El sistema jurídico patriarcal está hecho para que las madres desistamos y difícilmente obtengamos una sentencia provisional o definitiva. De entrada, es un privilegio acceder a un abogado por las cantidades que cobran solo para “iniciar” el juicio.
Por otro lado, podrán argumentar que para eso existen los “abogados de oficio”. Los datos son tristes del número que hay en México: aproximadamente, 1 de cada 100 litigantes del país se emplean en tareas de defensa pública. En promedio, se encuentran empleados 128 defensores de oficio por entidad, con un mínimo de 10 (Tlaxcala) y un máximo de 651 (CDMX), insuficientes para la cantidad de mamás que padecen ésta problemática social.
Casos como el candidato por Morena a la alcaldía en Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, que lleva décadas evadiendo su paternidad alargando el juicio a la mamá con el expediente 415/2022; el de Casino Luis Mejía, con el número de expediente 368/2011 propuesto por el Partido del Trabajo para la presidencia municipal de Xoxocotlán en el Estado de Oaxaca y que desde 2011 fue demandado; el de Julio Espin Navarrete del partido Morelos Progresa, de esa misma entidad con expediente 62-2013 que adeuda retroactivo; David Méndez Márquez, ex secretario de gobierno de Puebla con el expediente 52/2009 con un proceso abierto de pago retroactivo; por mencionar algunos de los tantos deudores alimentarios que van a contender en este proceso electoral y que no cuentan con sentencia, porque han alargado los procesos jurídicos para revictimizar a las madres, amparándose por más de 10 años para evitar una prueba de ADN como en el caso de Casiano Luis Mejía bajo la complacencia del juez; sus candidaturas deben ser analizados por el Instituto Nacional Electoral. Congruencia y CERO TOLERANCIA al abandono paterno le exigimos a TODOS los partidos políticos.
*Activista y promotora de Ley Sabina contra deudores alimentarios. Comunicóloga y asesora en temas de gobernanza con perspectiva de género. Maestrante en Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.
