Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que, del presupuesto nacional, se va a reembolsar a las familias de los migrantes que reciban sus remesas castigadas por el impuesto de 1 por ciento que decidió imponer el gobierno de Estados Unidos a las transferencias que se hagan en efectivo. Suena bien y solidario, pero hay evidencia incontrovertible de que ese tipo de transferencias están siendo utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero.
Los datos: ayer el Senado de Estados Unidos votó finalmente la propuesta de presupuesto, a la que Trump bautizó como su “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, y en el que se incluyó un impuesto especial de 1 por ciento sobre las transferencias de remesas. Un impuesto, que se especifica, se aplicará sobre el monto de la transferencia de remesas cuando el remitente entregue el dinero en efectivo, mediante una orden de pago o un cheque de caja. Quedan exentas las transferencias que se hagan desde cuentas bancarias o desde tarjetas de débito o crédito emitidas en los Estados Unidos (sin duda una gran noticia considerando que la propuesta inicial era la de imponer un impuesto de 5 por ciento general sobre las transferencias de remesas sin hacer ningún tipode distinción).
Aunque según el Banco de México actualmente sólo 0.8 por ciento de las remesas son enviadas o entregadas en efectivo, la Presidenta mencionó que el reembolso rondaría los 5 mil millones de pesos (o menos, agregó después). De cualquier manera, es un dineral.
Estados Unidos ya lo había advertido. En el reporte sobre amenazas de la comunidad de inteligencia de 2023 (Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community) se advertía que la red financiera estaba siendo utilizada por parte de los grupos criminales mexicanos para lavar dinero a través del envío de remesas. Ese año, Víctor Valles Mata, reportero de N+, consiguió el testimonio de un miembro del cártel de Sinaloa, en Minnesota, que le explicó cómo procedían: le ofrecían entre 40 y 100 dólares a migrantes allá para que hicieran hasta tres envíos mensuales de no más de 500 dólares en efectivo. En México, a su vez, el cártel reclutaba gente a la que le pagaba 10 por ciento del envío que recogía en efectivo (si era de 20 mil se quedaban con 2 mil pesos).
Las autoridades estadunidenses consideraban en 2023 que hasta 8 por ciento de los envíos podrían estar vinculados con el crimen organizado; las autoridades mexicanas no pueden haberlo ignorado, pero prefirieron no investigarlo. La razón resulta evidente: estas operaciones de lavado de dinero de los cárteles benefician a muchas personas aquí y allá, e inyectan recursos en la economía del país (además de que el aumento de las remesas se utiliza periódicamente para felicitarse por la solidaridad de nuestros paisanos).
Desde luego, la inmensa mayoría de los recursos que ingresan al país por esta vía son el resultado del esfuerzo de migrantes que apoyan a sus familias, pero ignorar, como lo han hecho las autoridades mexicanas, que un porcentaje de ese dinero es producto de una operación orquestada de lavado de dinero por parte de las organizaciones criminales, pone en peligro al resto de las transferencias, como ocurrió ahora con la amenaza de que todas fueran penalizadas con un impuesto.
Por todo esto, no se puede estar pensando en utilizar dinero público para compensar a quienes envían y reciben dinero en efectivo sin antes asegurarse de que no se está beneficiando a los criminales.
