Para nadie es un secreto que el Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, atraviesa una grave crisis debido a la detención de su hijo Nicolás Petro y su exesposa, Day Vásquez, acusados de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito y quienes participaron de su campaña presidencial. Ambos han dejado claro en sus declaraciones ante la Fiscalía que ni el presidente ni su gerente de campaña, Ricardo Roa, conocían del ingreso de dinero ilícito a la campaña.
Es la primera vez que el hijo de un mandatario en ejercicio enfrenta un juicio penal en Colombia y no porque haya sido el único envuelto en escándalos de corrupción, sino porque por primera vez es el mismo presidente el que pide que la justicia actúe en el caso de su hijo, sin interferencia o presión alguna de su parte o de alguno de sus funcionarios.
De acuerdo a las normas que regulan el proceso penal en Colombia y según el criterio de varios especialistas en derecho procesal penal, la aprehensión del primogénito del presidente y de su expareja no era necesaria ni urgente, tal como lo hizo la Fiscalía encabezada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, colocado por el expresidente Iván Duque, uno de los principales detractores de Gustavo Petro.
El caso se ha prestado para toda clase de acusaciones falsas, aprovechadas por varios medios de comunicación que anticipadamente realizan sentencias —como si ese fuese su papel—, para enlodar al mandatario colombiano que a lo largo de su carrera política de más de 30 años ha abanderado la lucha contra la corrupción.
El escándalo político se da en medio, precisamente, de que el Gobierno de Gustavo Petro cumple un año de gestión con resultados muy favorables para el país, que han quedado invisibilizados en medio del show político y mediático. Respondiendo a los reclamos de la gente en las calles, especialmente de los jóvenes, durante el estallido social en Colombia, Petro ha priorizado las políticas en materia social. Es la primera vez que Colombia tiene una agenda realmente concentrada en luchar contra la desigualdad, el problema principal de ese país, y que el interés del Estado se ha puesto por encima de los grupos de poder.
En 12 meses de gobierno se crearon más de un millón de empleos, de los cuales el 98% corresponden al sector formal; para abril de 2023 su gobierno ya había formalizado, con títulos de propiedad, 1.400.000 hectáreas de tierra, superando a todos los entregados en los cuatro años de gobierno de su antecesor; se aumentó en más del 100% el presupuesto de agricultura, pasando de 390 millones de dólares a 1.000 millones de dólares; el primer gobierno de izquierda en Colombia aprobó la gratuidad de las matrículas de universidades públicas e inició la condonación de la deuda por intereses en créditos educativos; 1.5 millones de mujeres cabezas de hogar ya reciben una pensión mensual; se inició el programa Hambre Cero, con la entrega de alrededor de 125 dólares de forma extraordinaria a cerca de 2 millones de personas.
El ascenso de Petro preocupaba a los mercados y a gran parte de los empresarios. Se hablaba de fuga de capitales, expropiaciones e inflación, como parte de la campaña del miedo que antecede siempre a los candidatos de izquierda. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido. Todo lo contrario: la inflación lleva meses bajando; el peso colombiano es una de las monedas más revaluadas en la región; el desempleo bajó a un dígito y en el primer semestre de 2023 se registró la mayor tasa de inversión extranjera en casi una década.
Además, luego de seis intentos fallidos de negociación entre el gobierno colombiano con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el de Gustavo Petro logró una tregua de seis meses para avanzar en el proceso de paz.
Aunque hay varios resultados por aplaudir, quedan múltiples promesas y expectativas por cumplir, como la disminución de la violencia. El Gobierno tampoco logró aprobar en el legislativo ninguna de las grandes reformas para atender las principales demandas por las que Gustavo Petro fue electo: pensiones, empleo, salud y educación. Ahora, con el escándalo de la campaña, tantos intereses moviéndose en las elecciones regionales que se celebrarán en octubre próximo y el rompimiento de la coalición de gobierno, será mucho más difícil.
"Nosotros no podemos equivocarnos, no podemos errar en cosas fundamentales", dijo Petro y tiene toda la razón. Al primer gobierno de izquierda en Colombia, luego de 200 años, no le perdonarán ni un tercio del fracaso de los gobiernos de derecha.
