Aunque la foto de Emilio Lozoya gozando de lo robado en un exclusivo restaurante en las Lomas indigna, no sorprende. Se trata de la impunidad de siempre pero ahora con una muestra actual y contundente de la simulación y del gran obstáculo para la lucha anticorrupción emprendida por el Presidente, que representa el fiscal Gertz Manero.
Lo de Lozoya es un caso vergonzoso hasta para el priismo mismo, con todo y lo que eso significa, que retrata de cuerpo entero la desfachatez de la vieja clase política, su falta de escrúpulos, y la complacencia de un sistema legal y político que solapa estas prácticas sin sonrojarse, en público y con bombos y platillos. Si no, recordemos lo que parecía ser el gran golpe de eficiencia y éxito al haber regresado al país al ex director de Pemex.
Con un manejo del caso a contentillo, Lozoya recibió un trato preferencial como testigo de oportunidad que hasta hoy no ha significado información más clara sobre la ruta de corrupción de Odebrecht, ni mucho menos peces gordos tras las rejas. Más que un proceso serio que implicara romper, en alguna medida, con el pacto de impunidad de los políticos de este país, se parece más al clásico pacto de élites que reina en México donde, a pesar de robar y atentar contra los intereses de la nación, ni el más gandalla se hace acreedor de un arresto domiciliario.
Un caso de delación para ir tras los superiores de Lozoya, —Videgaray y Peña Nieto— que sentaría un histórico precedente, convertido en un vil ejemplo de pura negociación política con miras a burlar la justicia.
A diferencia de la gente de a pie, del común, a quien la “justicia” no tiene reparo en aplicarle todo el peso de la ley, los ladrones de cuello blanco cuentan con todas las ventajas que ofrece el sistema penal. Mientras unos juegan golf en Madrid y dan clases en el MTI, ya movieron sus fichas, ataron los cabos sueltos y, en el caso de Peña Nieto, después de la llamada consulta para enjuiciar a los ex presidentes, difícilmente pisarán la cárcel.
La actuación de la Fiscalía ha sido inútil, siquiera en el plano simbólico, para ponerle un alto a esta cadena de impunidad, y avanzar hacia una etapa de menos tolerancia a la corrupción y de una política integral en este sentido, como lo propone la Cuarta Transformación.
En este punto no se sabe quién le mete el dedo a la boca a quién: si Lozoya a la Fiscalía o la propia Fiscalía al pueblo mexicano, o ambos. Su desmadre institucional que va desde utilizarla para perseguir a los propios familiares del fiscal, hasta un solo legislador preso por el caso de los “moches”, le cuesta resultados contundentes a la lucha contra la corrupción emprendida por este gobierno. Mucho cuesta denunciarla y exhibirla a diario para que una sola foto ponga en entre dicho este titánico esfuerzo. Con un fiscal así será muy difícil avanzar en el camino de la verdad, ni qué decir en el de la reparación que tanto le urge a México.
Daniela Pacheco
