La evasión de impuestos, especialmente de las personas más ricas y de empresas privadas, les quita a los gobiernos una fuente fundamental de ingresos que podrían invertirse en servicios públicos, obras de infraestructura o en programas sociales. Aunque es grave para cualquier ciudadano, en el caso de los funcionarios públicos y de los políticos, hacerse a esta figura es, además de vergonzoso, darle la espalda al país que dicen o buscan representar.
En comunicados emitidos a velocidades sorprendentes, políticos de toda la región se lavan las manos afirmando que la constitución de sociedades en paraísos fiscales es una figura perfectamente legal. Ojalá fueran así de rápidos para responder a otros temas. Han sido precisamente los propios legisladores y hasta presidentes como en el caso de Chile y Ecuador, quienes la han defendido o se han negado a ponerla a discusión púbica. Claro, hacerlo sería darse un disparo en su propio pie.
Si bien constituir una sociedad o empresa offshore no es ilegal, la mayoría de las veces tiene como principal objetivo evadir impuestos, administrar grandes fortunas y herencias, la compra de lujosas propiedades con dinero en efectivo, y en casos más graves, la comisión de otros delitos como el lavado de dinero y hasta el tráfico de drogas y la trata de personas.
Desde funcionarios públicos, gobernadores y senadores, hasta religiosos y empresarios, más de tres mil mexicanos figuran en la lista de los Pandora Papers, una filtración de más de 12 millones de documentos, que exhibe la opacidad de sus negocios. Entre ellos, cerca de 80 políticos y sus familiares. No les basta con pertenecer al 1% de la población mundial amasando fortunas ni siquiera imaginarias para el otro 99% de la gente, sino que sus prácticas son grandes causantes de la desigualdad que impera en el mundo.
Teniendo en cuenta los obstáculos para acercarnos a cifras reales, las estimaciones más bajas indican que hay 7,6 billones de dólares escondidos en paraísos fiscales. Por su parte, Oxfam calcula que, si se pagaran todos los impuestos en el continente en lugar de esconderlos en paraísos fiscales, 32 millones de personas en América Latina saldrían de la pobreza. ¿No es acaso esta la principal cruzada de un político y un funcionario público? ¿No deberían servir de ejemplo para acabar con estas prácticas oscuras?
Lamentablemente, muchas de estas figuras todavía son legales y permitidas por los sistemas tributarios de cada país y un sistema fiscal internacional débil e insuficiente. No solamente México tiene serios problemas para enfrentarse a esta complejidad financiera; ningún país puede hacerlo solo. En una acción coordinada, se requiere de una institucionalidad mundial capaz de rastrear y eliminar los paraísos fiscales, en los que el capital no tiene rostro ni mucho menos responsables.
Cuando una diminuta élite se enriquece a costas de la mayoría evadiendo las normas fiscales que toda la gente cumple, especialmente los trabajadores de a pie, debilita y atenta contra la democracia y el orden social. Urge ponerle fin a este capital anónimo que funciona sin ética ni responsabilidad.
Acabar con estas prácticas abusivas es sin duda un gran desafío para los gobiernos de toda la región. Sin embargo, es poco probable que pase si son los propios políticos los que, deliberadamente, evaden impuestos atentando contra el bienestar y el desarrollo del país al que dicen servir.
No podemos esperar una respuesta eficiente y rápida de los mismos responsables del problema. Está en manos de nosotros, de la gente, empezar a castigar su falta de estatura moral. Empecemos por exhibirlos o castigarlos en las urnas. En esta tarea, muchos medios de comunicación han empezado con esta ardua chamba.
@DanielaPachecoM
