Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), lanzadas en 2019 por el Gobierno Federal como uno de los proyectos prioritarios de educación superior, tiene como propósito declarado brindar formación universitaria gratuita en comunidades rurales o con altos índices de marginación. Su modelo se fundamenta en eliminar el examen de admisión, garantizar la gratuidad y ofrecer una beca mensual a todos sus estudiantes, buscando con ello ampliar las oportunidades de acceso a la educación y reducir desigualdades históricas. Se oye muy bien.
A pesar de estos objetivos, a más de cinco años de su implementación, el programa exhibe deficiencias estructurales graves en cuanto a su diseño académico, ejecución operativa, validez legal de los estudios, así como una preocupante opacidad en el uso de los recursos públicos asignados. De acuerdo con datos oficiales difundidos por la SEP y por medios especializados, hasta mayo de 2024, de los 85 mil alumnos matriculados habían egresado 6,372 estudiantes de las diversas sedes de las UBBJG y, únicamente, 1,335 personas habían recibido su cédula profesional.
A ello se suma otro factor: la mayoría de las carreras ofertadas por las UBBJG no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Aunque el gobierno argumenta que este requisito no es obligatorio para las universidades públicas, lo cierto es que la falta de RVOE ha imposibilitado que miles de egresados accedan al proceso de titulación y a la expedición de su cédula profesional federal.
Por otro lado, se conoce que muchas sedes de las UBBJG operan en condiciones de precariedad extrema o incluso sin instalaciones físicas propias. Algunas funcionan en casas adaptadas, aulas improvisadas o espacios compartidos con instituciones educativas ajenas al programa. Otras han sido clasificadas como “sedes fantasma”, es decir, no existen físicamente o nunca han albergado estudiantes, a pesar de haber sido reportadas como operativas.
A pesar de estas inconsistencias, la Auditoría Superior de la Federación no ha realizado auditorías integrales ni forenses al programa desde su inicio. Apenas en su Informe de la Cuenta Pública 2022, la ASF detectó un monto por aclarar de 66.9 millones de pesos por pagos sin justificación. La educación no es juego, la educación universitaria requiere de especial cuidado en una época en que la inteligencia artificial y las tecnologías de la información tienen un papel preponderante en la formación profesional de los jóvenes mexicanos, México requiere de un mayor y mejor esfuerzo en materia de creación de universidades que den respuesta a las necesidades actuales.
