La semana pasada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, nuevamente la mayoría de Morena aprobó modificaciones a diversas leyes que van encaminadas a seguir con el proceso de centralización de funciones a favor del Poder Ejecutivo y en detrimento de la ciudadanía y de los derechos humanos.
Dichas reformas son en materia del marco jurídico que regula las funciones del Coneval al INEGI, la Guardia Nacional, la Sedena y el Sistema de Inteligencia, siendo imprescindible destacar lo que dichas modificaciones implican sobre derechos, autonomía y soberanía.
Con estas reformas, se materializa la desaparición del Coneval; se elimina una institución con 19 años de trabajo en medición de pobreza y evaluación de políticas sociales, pues al gobierno no le interesa medir el impacto de sus programas sociales. Se dirá que las funciones las asumirá el INEGI y, la realidad, es que sus funciones son diferentes y no se le dan atribuciones para evaluar los programas sociales.
Sobre la Guardia Nacional, ésta asume tareas de inteligencia e investigación sin ningún control judicial lo que claramente vulnera todo el marco convencional y nacional que rige esta materia en relación con los derechos humanos; mención especial merece el hecho de que al adquirir una naturaleza totalmente militar queda de lado la necesidad de un cuerpo de seguridad pública federal con orientación y mando civil; el ejército tiene otra naturaleza no es compatible con la seguridad y la proximidad social.
Además, se privilegia el centralismo en lugar de la coordinación adecuada entre los diferentes órdenes de gobierno.
Recordemos que las máximas tragedias ocurridas en nuestro país relacionadas con el ejército y la seguridad pública, han ocurrido precisamente por el uso indiscriminado de la milicia, lo que de paso contraviene todo lo que Morena y su gobierno han criticado constantemente sobre este tema.
En lo referente a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, se pretende crear un marco legal para regular el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, ordenando y compartiendo información delictiva entre niveles de gobierno.
Sin embargo, esta ley otorga facultades excesivas a la Secretaría de Seguridad y al Centro Nacional de Inteligencia, otra vez, sin controles judiciales, lo que de inicio ya supone la posible vulneración de derechos humanos al permitir la vigilancia masiva sin orden judicial, accediendo a datos sensibles de todos los mexicanos (biométricos, fiscales, médicos, etc.).
Además, esta normativa incluye actores privados y extranjeros en tareas de investigación sin regulación, comprometiendo la soberanía, viola autonomía estatal y los principios de legalidad, proporcionalidad y transparencia.
Sin duda, el gobierno federal de Morena hace todo lo que dijo en campaña que no haría, nos regresa a un marco jurídico de hace más de cuarenta años cuando el presidente era el jefe máximo y acababa con instituciones que venían dando resultados. Sabemos que los cambios y mejoras en la calidad de vida de los mexicanos no son de la noche a la mañana, pero la solución, sin duda, no es regresar al pasado.
