El pasado fin de semana se anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, lo cual no augura más que un paso más en el desmantelamiento de las instituciones estatales y de la democracia misma en nuestro país.
Esto es así porque de inicio, se propone que después de su desastroso paso por la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez sea quien encabece este nuevo capricho presidencial.
Es bien sabido que Pablo Gómez hizo nada como titular de la UIF, y todo en medio de los más grandes escándalos de corrupción gubernamental y lavado de dinero de los últimos años en nuestro país; resulta ridículo que en Estados Unidos ya se han aplicado sanciones contra personas físicas y morales mexicanas que, precisamente, Pablo Gómez debió investigar, quedando la sospecha de que los presuntos responsables, al ser cercanos al régimen, no debían ser investigados.
Resulta incongruente que en medio de una violencia generalizada y una crisis de seguridad no se combatiera al crimen en uno de los puntos que más le duele: el dinero.
Ahora bien, Pablo Gómez es un político con mucha experiencia, hay que reconocerlo, pero eso no asegura que vaya a realizar un buen papel en su nueva encomienda.
Es claro que lo que busca el régimen, con la reforma electoral, son dos puntos claves: acabar con las diputaciones y senadurías de representación proporcional o plurinominales, y reducir el financiamiento público a partidos. En ambos casos hay que reconocer, también, que se han dado abusos en el uso de ambas figuras, pero también es ridículo que, un personaje como Pablo Gómez, llegue hoy a decir que las diputaciones y senadurías plurinominales son innecesarias cuando él mismo ha sido un beneficiado directo de esta figura.
Las senadurías y diputaciones plurinominales permitieron a los partidos de oposición lograr estar representados en el Congreso de la Unión, en lo que fue el inicio de la apertura democrática en nuestro país y sí, el ideal es que cada diputado o senador llegue a las cámaras por votación, pero en un país en el que se ha privilegiado la existencia de un partido hegemónico como lo fue el PRI y ahora lo es morena, es más que necesario contar con la posibilidad de que haya representación proporcional en los órganos legislativos.
Reducir el financiamiento público tiene el mismo objetivo: limitar la participación de la oposición, y queda claro que al partido en el poder esto no le importa, ya que en las dictaduras como la que se están armando los oficialistas, partido y gobierno son uno solo por lo que el partido presidencial será financiado por el gobierno mismo.
Nadie se opone a una reforma electoral que realmente fortalezca la democracia, pero esta reforma no debe partir de la idea de eliminar las voces opositoras, debe partir de un consenso desde el Poder Legislativo, debe pasar por la sociedad, la academia, los expertos, y no iniciar, como es el caso, en manos de una persona que ha traicionado su propia ideología y que, únicamente, hará lo que le dicten desde el poder, lo que conlleva el riesgo de tener una reforma electoral profundamente ideologizada, con sesgos que solo beneficien a un grupo de poder y que nos retrocederá décadas en la términos de democracia para nuestro país.
