Hoy, martes 10 de septiembre, es un día crucial para nuestra democracia, hoy en el Senado de la República seguramente se votará la reforma constitucional al poder judicial presentada por el presidente López.
Si todos los partidos de oposición y, si en algún senador de morena y su coalición cabe la cordura, la reforma no pasará.
Es indudable, también, que se debe reconocer que es necesarísima una reforma al poder judicial, pero no en los términos planteados por el presidente.
La reforma planteada no cumple con los objetivos de la independencia judicial, no cumple con la protección de los derechos humanos, no cumple con la garantía de imparcialidad en la administración de justicia, no cumple con la prevención de la interferencia política o económica en la toma de decisiones judiciales y mucho menos cumple con el objeto de mantener la confianza pública en el sistema judicial.
Es necesario también, revisar el marco jurídico del ministerio público y de las policías investigadoras para resolver lo que esté mal en su actuación y, así, asegurar juicios sólidos en materia penal, que es uno de los temas que más duelen a la sociedad en estos momentos.
No podemos dejar pasar una reforma que atente contra los intereses comerciales del país, ya lo he dicho en esta columna; el libre comercio no ha sido la solución a los problemas del país, pero una cosa es cierta, México es muy diferente desde que se dio la apertura comercial y, tal vez, el problema no sea elaborar un programa de sustitución de importaciones sino, el problema, son nuestras exportaciones.
Lo más grave de esta reforma es el perder la república democrática que todavía hoy tenemos, queda claro que en un sistema constitucional republicano la existencia de tres poderes indica, a la vez, la existencia de un sistema de pesos y contrapesos y, dentro de esos contrapesos toca al Poder Judicial aplicar los filtros constitucionales a la actividad de los otros dos poderes, nos guste o no, ningún poder está encima del otro, ninguno tiene preponderancia sobre los demás.
La reforma tiene claramente el objeto de romper con el régimen constitucional que nos da un estado democrático de derecho en el que el poder se divide en tres grandes ramas, queda claro que lo que se quiere es darle todo el poder a una sola persona, queda claro que quienes hablan del peligro del conservadurismo en realidad se quieren convertir en un régimen dictatorial; el poder no se debe ejercer por una sola persona y, si es así, esa persona se corrompe y se corrompe nuestro régimen constitucional para dejar de ser, definitivamente, una democracia.
Hoy estamos en manos de 43 senadores que lo único que tienen que hacer es ser congruentes con el mandato ciudadano que los llevó al Senado y con su compromiso con la democracia y la República.
