De nueva cuenta las administraciones municipales fenecerán con el año en curso. Ya muchos levantaron la cortina y solamente están cuidando las formas o haciendo uno que otro evento para la foto, para aparentar que trabajaron los mil 95 días que, en teoría, duraron sus mandatos.
Decenas de ediles se fueron antes de que los barcos se hundieran, en busca de nuevos navíos que les aseguraran seguir vigentes en la vida política. Algunos regresaron con la cabeza agachada, vapuleados por el voto popular; otros se fueron directo a los congresos local o federal, con casos extremos como el de Valle de Chalco, donde Jesús Sánchez Isidoro se aferró al poder hasta que pudo. Como alcalde y como legislador.
Quienes se van parecen haberla librado, pero no pueden cantar victoria. Viene el recuento de daños, la revisión de las administraciones municipales, y quienes no quieran ser cómplices deberán denunciar las irregularidades que encuentren. No hay que perder de vista que los delitos y faltas no prescriben por el cambio de administración; la responsabilidad seguirá vigente siempre y cuando haya celeridad y los casos de desvío, saqueos e irresponsabilidades no duerman el sueño de los justos.
Contadas ocasiones hemos visto que se castiga a quien comete errores en los ayuntamientos. El tema ni siquiera tiene que ver con el cambio de partido político. Últimamente se deja pasar todo a todos, sin importar el daño real, ni siquiera se clarifican las quejas y denuncias. La muestra más clara es Naucalpan, donde la ex presidenta Azucena Olivares se ha librado de todo mal; mejor su sucesor cayó.
El no rayar en cacería de brujas, las negociaciones a nivel partidario y los intercambios, son algunas de las razones por las cuales no vemos rodar cabezas al cambiar las administraciones. Nadie cree que 125 ayuntamientos salgan limpios, menos en una entidad donde los niveles de corrupción los ubican en los primeros lugares del país.
Independientemente de la responsabilidad penal, civil o administrativa, debiera pesar realmente la social, pero la gente está tan absorta en sus propios problemas que no repara ni evalúa a quien deja el cargo como debiera.
En muchos de los casos no tienen información de primera mano, solamente conocen lo que sale en los medios de comunicación (impresos, web, tv y radio); en muy contados casos revisan los portales en internet para saber qué decisiones tomaron, cuánto gastaron, en qué lo ejercieron, qué utilidad tuvo, resultados, en fin, todo lo que objetivamente les permita evaluar, sin guiarse por colores o el marketing.
La falta de información también tiene que ver con la falta de transparencia en los ayuntamientos, la información desactualizada, escondida, lenta y confusa que emiten los sujetos obligados y que no está a la mano; obligan al visitante a seguir un largo laberinto, de ventana tras ventana donde se necesitan ciertos conocimientos para llegar al fin, además de tiempo. Por algo se esconde la información.
Los canales clásicos de quienes tienen acceso a internet suelen ser las redes sociales, muy útiles para difundir en unos segundos información comprometedora, pero también parcial, imprecisa o hasta falsa.
Sin embargo, las redes brindan una oportunidad real y poderosa, son el señuelo para que la gente se interese y profundice. Ojalá lo hagan con quienes se van, que el olvido no sea la puerta de salida, menos la ignorancia ni el desinterés.
