En su libro Los nervios del gobierno Karl W. Deutsch dice que cuando algunos individuos o grupos dentro de la sociedad descubren soluciones auténticas o supuestas a nuevos problemas, hay que proponerlas a otros individuos para que las acepten o las apoyen, y para que eventualmente las ejecuten, y que el tipo de soluciones inventadas y propuestas dependerá naturalmente, en gran parte de las experiencias, hábitos e intereses de los individuos y grupos sociales entre los cuales se originan o por los cuales son aceptados.
Agrega que lo que ese énfasis tiende a descuidar es el aspecto combinatorio de la invención, aunque se conozca un problema, se encuentren a mano todos los elementos para su solución y quienes deberían resolverlo se hallen muy motivados para hacerlo lo más pronto posible, quizá no exista ninguna forma de predecir con qué rapidez se encontrará una solución adecuada.
La serie de ocurrencias que ha propuesto López Obrador parecieran encajar en esa descripción “combinatoria de invención”, un ejemplo es su posición ambigua sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, basado en supuestas opiniones de técnico chilenos y mexicanos que cuestionan esa obra el próximo presidente ha pedido a asociaciones colegiadas de ingenieros mexicanos que revisen ese proyecto, y una vez que se conozca un dictamen técnico ha dicho que lo someterá a una consulta pública para que sean los ciudadanos los que decidan si deben continuar o no la construcción del aeropuerto.
Esa combinación de posibles soluciones demuestra que el próximo presidente cree que él encarna a un profeta más que a un gobernante, ya que a este problema, esencialmente de carácter técnico, pretende darle una solución política-populista basada en el apoyo o rechazo que expresen personas que no tienen la menor idea de lo complejo que resulta el asunto para el cual serán consultados.
Fiel a su costumbre de aparentar ser magnánimo y demócrata, AMLO ha dicho que la decisión de continuar el aeropuerto la decidirá el pueblo y ha ofrecido una consulta popular, pero si ese ofrecimiento lo ha hecho para “lavarse las manos” o para evadir su responsabilidad y transferírsela al pueblo esta decisión no debe entenderse como un acto voluntarista o meramente personalista ya que está obligado a sujetarse estrictamente a lo que ya se dispone en la Constitución y en la Ley Federal de Consulta Popular para ese tipo de consultas.
En la Constitución (Art.35-VIII) se reconoce como uno de los derechos de los ciudadanos mexicanos “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”, al mismo tiempo que se establecen las bases para la convocatoria, organización y validez de dichas consultas.
La solicitud de una consulta pública corresponde hacerla al presidente de la República, al Congreso de la Unión (el 33% de diputados o senadores), o al dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nacional de electores. La petición se presenta ante alguna de las cámaras, procede hacerlo sólo a partir del uno de septiembre del segundo año de la legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo al en que se realice la jornada electoral federal (no antes del 2021).
El Congreso, previo a determinar la procedencia de dicha consulta, la enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta resuelva sobre su constitucionalidad.
La organización, desarrollo, promoción del voto, instalación de casillas, cómputo de votos y declaración de validez de la consulta le corresponde al Instituto Nacional Electoral. El resultado de esa consulta será vinculatorio para los poderes y autoridades cuando la participación total corresponda al menos al cuarenta por ciento del total de ciudadanos inscritos.
Para que la consulta que se ha anunciado sobre el nuevo aeropuerto sea legal se deben cumplir cada uno de esos requisitos, el presidente López Obrador está obligado a observar lo dispuesto en la Constitución y a respetar el orden jurídico, y no debería intentar realizar un ejercicio populista amañado basado en el tipo de consultas que el PRD promovía en la ciudad de México.
La obligación de cumplir la ley comprende todas las decisiones que se tomen, incluida la que tiene que ver con designar super delegados en cada entidad federativa, ya que previamente lo que procede es adecuar algunos ordenamientos jurídicos para definir cuáles serán sus atribuciones, su área de acción, su relación con los poderes locales y evitar que esas estructuras paralelas contravengan la Constitución.
Más importante, en la ley se debe impedir que esos funcionarios realicen un activismo partidista desenfrenado o que sean utilizados como un remedo de los odiados jefes políticos en los que se sustentaba en gran medida el poder territorial de Porfirio Díaz.
El liderazgo profético del obradorismo no debe instaurar asambleas plebiscitarias como prolegómeno a una dictadura personalista.
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