La Sala Superior del Tribunal Federal Electoral ha resuelto un asunto de gran trascendencia, revocó una sentencia del Tribunal Electoral de Baja California que en un fallo arbitrario y claramente violatorio de un artículo transitorio declaró que quien resultara electo gobernador desempeñaría ese cargo durante seis años y no por dos años como dispone la Constitución de esa entidad y que fue como se expidió la convocatoria.
En Baja California se hizo una reforma a efecto de que en el futuro las elecciones locales fueran concurrentes con las federales, para que eso fuera posible el Congreso del Estado y los ayuntamientos que avalaron esas modificaciones determinaron que quien resultara electo como gobernador en la elección del 2 de junio del 2019 ocuparía el cargo por un periodo de dos años, pero el candidato de Morena, seguro ganador de la elección, presionó a los magistrados de ese Tribunal para que ampliaran el periodo y le permitieran ejercer el cargo por seis años, de ahí la importancia de haber corregido el exceso en que incurrió el Tribunal local.
A lo largo del tiempo el no haber programado de manera concurrente las elecciones federales y locales ha sido fuente de conflictos, la existencia de varios calendarios electorales ha dificultado la buena práctica democrática, ha distraído recursos y tiempo que se podían haber utilizado en algo más útil, si cuando se hizo la reforma de 1934 se hubiera acordado que la elección de presidente y gobernadores se realizara el mismo día se hubiera fomentado mayor participación, ahorrado muchos recursos y evitado el desgaste de tener que celebrar procesos electorales frecuentemente como en Veracruz estado en el que acudían a votar cada año.
Es importante señalar que desde entonces en el ámbito federal no ha habido modificaciones constitucionales para ampliar o reducir el tiempo del encargo del presidente y tampoco ha sido necesario convocar a elecciones extraordinarias ni designar presidentes sustitutos para concluir el mandato porque en los últimos 85 años ningún presidente mexicano ha muerto, ha sido destituido, derrocado, renunciado o ha quedado incapacitado física o mentalmente, caso excepcional en la historia del mundo.
A diferencia de lo nacional, en estas ocho décadas muchos gobiernos estatales han sido relevados por diferentes motivos, decenas de gobernadores no han concluido su mandato como consecuencia de haber sido destituidos por el Senado de la República o por los Congresos estatales, varios fueron obligados a renunciar, alguno murió antes de tomar posesión, otros fallecieron en el ejercicio de su función, y no pocos han tenido que solicitar “licencia” para separarse del cargo por razones políticas o para estar en posibilidad de asumir nuevos encargos.
Solo por lo que se refiere a Jalisco, cabe señalar que entre 1917 y 1932 ejercieron el cargo de gobernador una veintena de personas; en 1946 la convocatoria para la elección de gobernador (doce años después de la reforma sexenal) como disponía la Constitución se expidió para un periodo de cuatro años, pero en febrero de 1947 al calificar esa elección los diputados decidieron declarar que Jesús González Gallo sería gobernador para el periodo del 1 de marzo de 1947 al 28 de febrero de 1953, es decir, ampliaron dos años más el periodo del gobernador.
En apego a la ley el general Marcelino García Barragán se negó a publicar ese Decreto en el Periódico Oficial, lo que provocó la furia de los diputados quienes de manera fulminante lo destituyeron y designaron sustituto a don Saturnino Coronado Organista quien de inmediato publicó el Decreto que amplió a seis años el mandato del gobernador no obstante que había sido electo por cuatro años, suceso que tuvo un efecto doble, amplió el mandato del licenciado González Gallo y redujo (solo once días) el del general García Barragán.
Esa ha sido la última vez que un gobernador de Jalisco ha sido destituido, pero no ha sido la última ocasión en la que un gobernador electo no concluye su periodo.
De 1953 al 2018 los jaliscienses han elegido doce gobernadores, ocho han cumplido los seis años, cuatro de ellos se separaron voluntariamente unos meses antes de concluir su mandato, don Juan Gil Preciado, don Enrique Álvarez del Castillo y el licenciado Ramírez Acuña solicitaron licencia para acceder al gabinete federal, caso excepcional fue la licencia solicitada por el gobernador Cosío Vidaurri quien fue obligado a presentarla por el presidente Salinas en una abusiva intromisión con objeto de evitar o desviar la responsabilidad del gobierno federal, y en particular de Pemex, en los hechos que provocaron la tragedia del 22 de abril de 1992.
La sentencia que impidió la ampliación del mandato del próximo gobernador de Baja California es una decisión que reivindica la independencia y la imparcialidad con la que deben actuar los órganos jurisdiccionales.
