La asociación civil Data Cívica ha comenzado un proyecto en el que colabora Sandra Ley, coautora del libro Votos, drogas y violencia, que puede en poco tiempo comenzar a revelar la manera en que el crimen organizado va ocupando territorios políticos por medio de la violencia.
Desde hace unas semanas han dado a conocer los reportes del proyecto “Votar entre balas: entendiendo la violencia criminal electoral en México”.
Durante el mes de abril de este año registraron 20 eventos relacionados con la violencia electoral y política. En la primera quincena de mayo se habían registrado 12.
Valga decir que no son solo los que suceden en estados en que habrá elecciones en algunos días sino, más importante y revelador, como sucedió en mayo, “observamos ataques a las instituciones y personal de seguridad y justicia en distintas regiones del país. Si bien en ocasiones resulta difícil cuantificar tal violencia debido a su traslape con enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los grupos criminales, desde hace varios años se observan ataques directos por parte de dichas organizaciones. Este tipo de eventos revelan, primero, la influencia que busca ejercer el crimen organizado en la política de seguridad a nivel local y, segundo, el control que desea establecer sobre las fuerzas del orden. En las últimas dos semanas identificamos ataques y amenazas a policías y directores de estas corporaciones, así como a instalaciones de este orden de gobierno”.
En abril, por ejemplo, dice el reporte: “llama la atención que un tercio de las víctimas son ex candidatos o ex funcionarios locales, lo cual nos sugiere la permanencia de los vínculos entre la política y el crimen organizado y, por consiguiente, la capacidad que tienen los grupos criminales para incidir en el ámbito político aun en periodos poselectorales y con autoridades que, si bien han dejado su cargo, aún tienen vínculos importantes con la política local”.
De 2018 a 2022 se han registrado un total de 642 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos; 2021 ha registrado la mayor cantidad de eventos de violencia criminal-electoral, 176; este año llevamos un total de 102.
Los grupos criminales quieren también el control político. A balazos.
@puigcarlos