La intensa discusión pública, las mañaneras del presidente López Obrador y lo que acaba de suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría hacer parecer que el asunto de la militarización de la seguridad pública del país fuera un asunto nuevo y ahora sí que, para los jóvenes —citando a un clásico—pues no. Llevamos en esto tres sexenios.
Y en algún momento todos los principales partidos han querido eso, militares en las calles.
Felipe Calderón simplemente los sacó a la calle y los usó en su obsesión de la guerra contra el narco. Nunca dio demasiadas explicaciones y en paralelo construía a la Policía Federal. Enrique Peña Nieto arrancó queriendo hacer un nuevo cuerpo pero desistió pronto, la policía no creció y los militares y marinos siguieron haciendo el trabajo pesado. En algún momento, dado la ilegalidad que todo aquello representaba desde 2006, se promovió la ley de seguridad interior para dar protección legal a las fuerzas armadas frente a su encargo pero la tumbó la Suprema Corte. Es decir, el gobierno y los partidos querían a los militares en las calles, pero no encontraron la solución legal.
En su libro de campaña, López Obrador ya anunciaba que su idea era tomar personal del Ejército —no necesitábamos a tantos soldados para la seguridad nacional, decía, y no sin razón— para construir un cuerpo de seguridad potente que en aquellos días imaginaba civil. Al mismo tiempo, López Obrador logró dar legalidad y extender la temporalidad a la presencia estrictamente militar en asuntos de seguridad. La decisión de la Suprema Corte esta semana deja un poco en el limbo, una vez más, todo.
Importa dejar clara la historia de estos dieciséis años para no confundirnos con la última discusión y poder sacar algunas conclusiones.
La situación de inseguridad y violencia del país es la que es con los militares en las calles haciendo labores de seguridad hace mucho tiempo. Nada indica que la notable reducción en homicidios los primeros años de Peña Nieto ni la pequeña reducción de estos meses tengan que ver con esa presencia.
Entiendo que la condena a García Luna hace parecer que solo los civiles son corruptos, y en eso insiste el Presidente. La historia, antigua y reciente, tiene otros datos. El problema de la corrupción no tiene que ver con uniforme, después de todo, Los Zetas —los más violentos— se vestían de verde; sino con mecanismos de evaluación y control externos, vigilancia, sistemas de transparencia.
