Ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a The New York Times por hacer su trabajo. De alguna manera se repasó a su subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien eligió al periódico estadunidense para revelar que buena parte de los WhatsApp del informe de la Comisión de la Verdad no podían ser verificados como reales.
Nada nuevo. López Obrador no entiende el trabajo periodístico si no es para echarle porras a él y su gobierno. Después el Presidente dijo que desde la fiscalía se había intentado “dinamitar” el caso por haber señalado en una primera acusación a tantos militares.
Alejandro Encinas fue más críptico. Puso en Twitter después de la mañanera: “Primero fue enfrentar las inercias, resistencias y obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones de videos, documentos y el informe no testado para entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Siguió una campaña de descalificaciones al informe, a los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, la solicitud de amparo contra el informe y el amago de abogados y denuncias penales. Ahora el espionaje. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Lo que sea, no habrá marcha atrás”.
Cosa curiosa.
Repito: quien eligió al Times para decir que los chats no eran buenos y contar que fue a ver a Zerón fue… Encinas. Quienes han peleado en las cortes, dado entrevistas, son los militares acusados por Encinas y la fiscalía especial con la ayuda de la Secretaría de la Defensa. Los principales beneficiados del retiro de órdenes de aprehensión y la invalidez de los chats son… los militares.
Valga la pena recordar que el III Informe del grupo de expertos tiene un apartado en su página 104 que se llama “Señalamientos contra el GIEI, la CIDH y organizaciones de derechos humanos vinculadas al caso”, en donde resume documentos de la Sedena duros contra el grupo. Por espacio cito solo un párrafo de esos documentos: “La CIDH logró su propósito de injerencia y operó al GIEI como una herramienta para descalificar al gobierno mexicano, denostar a la PGR e inculpar, aun sin sustento, al Ejército mexicano”.
Pues sí, Omar Gómez Trejo, el fiscal que “renunció” —es un decir—, venía de trabajar con el GIEI. Tal vez me equivoco, pero si hubo dinamita, hay un gran beneficiado por la explosión.
Carlos Puig
@puigcarlos
