En mayo del año pasado, después del arresto de su hermano y que la DEA los denunciara como los mayores productores y traficantes de fentanilo, mi compañera Azucena Uresti recibió del abogado de los hijos de Joaquín Guzmán una carta en donde afirmaban que todo eso era una mentira. Que ellos nunca habían producido, manufacturado ni traficado el fentanilo.
Negaban también la existencia del cártel de Sinaloa como una organización cohesionada o monolítica. “Lo que sí existe es un sinnúmero de grupos pequeños y grandes que tienen su base de operaciones o son integrados por personas de Sinaloa y operan en otras partes del país o, incluso, otras partes del mundo”; grupos que “no nos rinden cuentas a nosotros ni se las solicitamos”. Decían que estos grupos, “para poder trabajar con total impunidad, les hacen creer a sus proveedores y a sus clientes que son nuestros socios o intermediarios para tener una mejor negociación”.
En las semanas siguientes, el semanario RíoDoce se puso a reportear y con base en conversaciones con “cocineros” de drogas y otros personajes, publicaron que “La orden fue terminante: nadie puede producir ni traficar fentanilo y, quien lo haga, enfrentará las consecuencias. La orden, según confirmaron fuentes diversas, habría venido directamente de la facción de Los Chapitos, en un afán por eliminar el estigma de que son ellos quienes están al frente de la producción de fentanilo en Sinaloa que se trafica a Estados Unidos”.
Más allá de la carta y lo reportado por RíoDoce, los hijos de El Chapo han seguido en la mira de los estadunidenses y de algunas autoridades mexicanas. Hace unas semanas, su hermano Ovidio ha sido ya deportado a Estados Unidos, donde enfrentará los cargos que ellos niegan.
Ayer en Culiacán, Mazatlán, El Rosario, Los Mochis y otros municipios de Sinaloa aparecieron mantas firmadas por Los Chapitos. Casi todas fueron colocadas en los diferentes puentes de entradas y salidas de los municipios.
Decían: “ATENCIÓN. Debido a la incesante desinformación de algunos medios de comunicación y la evidente omisión del gobierno al no investigar y perseguir a los verdaderos culpables de esta epidemia en Sinaloa, queda estrictamente prohibida la venta, fabricación, transporte o cualquier tipo de negocio que involucre a la sustancia conocida como fentanilo”.
Ya veremos las consecuencias para quien no cumpla.
Solo un comentario: ya sabemos quién es la autoridad en materia de política antinarco en Sinaloa.
