La policía y la justicia mexicana no funcionan. Nunca han funcionado.
Frente a eventos mayores que impactan de manera especial a la opinión pública como en el caso Colosio, el asunto se resuelve con un mecanismo especial fuera de los aparatos burocráticos ineficaces, muchas veces corruptos, que existen en las instituciones.
El GIEI llegó a México por esa razón después de la tragedia de Iguala, en la que desaparecieron 43 normalistas de la escuela normal de Ayotzinapa.
Ayer presentaron su último informe y en unos días culminará formalmente su misión.
Vale la pena revisar los seis informes públicos del grupo para entender cuál fue su aportación pero, creo, hoy más importante, cómo deberían leerse esos informes en los próximos años si es que algún día queremos tener un sistema de justicia que resuelva algo.
Digo esto porque, en el fondo, algunos de los enigmas principales de aquel crimen no han sido resueltos y quién sabe si algún día se podrán resolver: dónde están los jóvenes, quién dio la orden y por qué fueron desaparecidos.
Teorías sobran, por supuesto, y creo que las hipótesis, sobre todo de motivos y autores materiales, que en sus informes ha dado a conocer el GIEI son las más sólidas. Pero en términos de justicia, esa narrativa no existe.
Hay ahora ex funcionarios encarcelados no por haber cometido el crimen, sino por haber creado una narrativa que se considera falsa, tan falsa como la de tantas falsas resoluciones en México (recordemos el invento de Ebrard/Mancera sobre el caso Martí por el que la fiscalía local tuvo que pedir disculpas).
En el camino se han absuelto a decenas de arrestados —eso sí, supuestos participantes directos— por expedientes mal armados y otros convertidos en testigos que han servido mucho menos para saber dónde están los jóvenes.
Entonces, ¿qué deja el GIEI en sus informes?
Una radiografía precisa y trágica de la ausencia de justicia en México. De un aparato del Estado —policías, Fiscalía, Ejército, inteligencia— que al mismo tiempo sabe mucho (una zona tomada por la delincuencia) y hace casi nada y lo que hace no es para salvar a los muchachos. Nos deja la certeza de la fuerza de un Ejército sin transparencia.
Leer las conclusiones del informe de ayer del GIEI es al mismo tiempo un diagnóstico del desastre que es el sistema de justicia y una ruta que, me temo, no se seguirá para que esto no vuelva a suceder.
El GIEI hizo su trabajo hasta donde el país (este) lo permite. Que no es mucho.
