En el Senado está para ser discutida en este periodo una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Diferentes organizaciones, centros académicos y colectivos de víctimas han pedido al Senado que la iniciativa de ley sea ampliamente discutida, y han hecho observaciones que resumen en que algunas partes de la ley serían en realidad un retroceso para la justicia.
Frente a la poca respuesta del Senado para abrir en serio la discusión y el debate, algunas de estas organizaciones acudieron a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se pronunció el lunes llamando “al Estado mexicano a asegurar que cualquier modificación legislativa a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República sea debatida con amplia participación ciudadana, aplicando el enfoque de derechos humanos y de modo consistente con sus compromisos internacionales en la materia”.
La CIDH menciona cómo frente a la petición de parlamento abierto el Senado abrió un cuestionario por internet en los días de vacaciones de diciembre. ¿Eso entienden por parlamento abierto?
Dice la CIDH: “En este sentido, a la luz del derecho a la participación ciudadana consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH señaló que la participación activa de las personas en la toma de decisiones públicas es un derecho exigible y una obligación del Estado. Para la CIDH, para impulsar la participación efectiva no basta con generar mecanismos de consulta y deliberación; es preciso incorporar las contribuciones que de ellos emanen. Los estándares interamericanos se han referido igualmente a la importancia de incluir a las víctimas de violaciones de derechos humanos en la elaboración de los programas de reparaciones. En ese sentido, se afirma que la participación de la ciudadanía permite que se incorporen las experiencias, perspectivas y puntos de vista de las personas y grupos que son titulares de los derechos que se buscan salvaguardar”.
De entrada, las organizaciones y la propia CIDH no dejan de extrañarse del por qué cambiar una ley que lleva tan poco tiempo vigente sin un diagnóstico de qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y señalan que algunas de las propuestas pondrían en peligro las garantías de las víctimas. Pero si sirven de algo las experiencias de los últimos años con esta legislatura, la ley pasará así porque así lo quiere Gertz.
@puigcarlos
