Retomo la nota de Isabel Zamudio en nuestras páginas de ayer:
“A 20 días de que inicien las campañas electorales para renovar las 212 presidencias municipales de Veracruz, más de una docena de candidatos, entre ellos de Morena y PT, han renunciado a sus aspiraciones por amenazas; dos han sido privados de la libertad y dos precandidatos fueron asesinados.
“La gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, minimizó lo sucedido al declarar que no hay focos rojos, que solo conoce cinco casos de candidatos de Movimiento Ciudadano que han solicitado seguridad, y acusa que muchos aspirantes, incluyendo de su partido, están realizando ‘campañas de pánico’”.
Hace unos días escribí aquí sobre el reporte de Data Cívica, Votar entre balas, que ya anunciaba que, en Veracruz, donde este año se renuevan todos los municipios, se comenzaba a notar la actividad del crimen organizado para que quedaran los afines, como vienen haciéndolo hace un tiempo.
Es normal en estos tiempos, que no correcto, más bien cínico, que la gobernadora quiera minimizar los hechos, pero la nota de Isabel deja claro, y lo documenta, que el asunto es mayor al que acepta Rocío Nahle.
Eso que vemos en Veracruz nos debería hacer pensar en la mayor elección de este año.
Han comenzado las campañas para las elecciones de renovación del Poder Judicial. Las restricciones de la propia ley, y más allá que el Tribunal ha dado permiso a los poderes de hacer campaña para promover el voto, queda claro que esos puestos se decidirán con pocos votos y con base en movilización y dinero escondido en las campañas de los candidatos y candidatas.
En muchas regiones del país, las organizaciones criminales llevan lustros utilizando la violencia: la intimidación, las amenazas y en no pocas ocasiones el asesinato para imponer en gobiernos locales a cómplices que les dejen hacer su trabajo, sí, el de la delincuencia. Muchos poderes ejecutivos locales, municipales y, en algunos casos, estatales están tomados.
¿Qué mayor poder que el Judicial para una organización criminal?
¿Quién está vigilando que lo que ha sucedido en municipios no suceda con los jueces?
¿Quién monitorea el dinero, la movilización?
Creo que sabemos la respuesta. Y ese será el Poder Judicial que nos espera.
