Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, es abogado. No solo eso, tiene estudios de derecho comparado y de ciencias políticas en instituciones educativas del extranjero.
O sea, de eso sabe.
Lástima que ahora ande metido en ser candidato de Morena para la Presidencia de la República en 2024. Porque la política lleva al despropósito.
Después de muchos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la que México es parte y ha firmado todos los tratados que sustentan su autoridad, sobre todo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, decidió el Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México que tenían que ver fundamentalmente con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
Dijo la CIDH que, “al aplicar figuras que per se son contrarias a la Convención, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas, incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de dicho instrumento”.
México ha aceptado la jurisdicción de la CIDH.
No solo eso, la Constitución fue modificada para ello. Dice un párrafo del artículo primero: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Pues sí, en este caso la protección más amplia la dio la CIDH.
¿Qué dijo el aspirante, que no el abogado, hace unos días?
“Es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución y faltarle el respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano, que es, entre otras cosas, el garante de que en este país haya estabilidad social, política, económica…”.
Y luego habló del debate y decisión en la SCJN en que se decidió quitar los delitos fiscales de la lista de la prisión preventiva oficiosa, lo que le dio pretexto al aspirante, que no al abogado, para decir que todo lo de la prisión preventiva ya estaba resuelto y entonces la Corte Interamericana no tenía nada que decir.
Uno entiende que la pasión punitivista del presidente López Obrador, que quiere meter a todo mundo a la cárcel antes de sentencia, tenga que ser aplaudida por quienes quieren su bendición para llegar a Palacio.
La pregunta es si el abogado seguirá haciendo política y mandando los tratados firmados por México al carajo si es que él es el elegido.
@puigcarlos
