El próximo 4 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia para determinar si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de los Estados Unidos utilizaron el poder del Estado para matar a Anastasio Hernández Rojas, encubrir el homicidio y negar a la familia el acceso a la justicia.
En mayo de 2010, durante su proceso de deportación en la garita de San Ysidro en la frontera de Baja California y California, Anastasio, que llevaba viviendo en EU desde sus 15 años —en 2010 tenía 42—, tenía una mujer, madre de sus cinco hijos, María Puga. Lo habían arrestado y ahora lo deportaban.
Esposado, los agentes de la policía migratoria lo patearon, le quitaron los pantalones para utilizar una pistola taser, lo golpearon con sus bastones hasta que terminó en el hospital, donde murió dos días después. Como George Floyd pero muchos años antes.
Tres años después, el Departamento de Justicia anunció que no habría acusaciones contra los oficiales y que la fuerza utilizada había sido “razonable”.
Desde entonces María Puga, acompañada de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, ha llevado el caso a varias instancias y ahora llega a la CIDH. En estos años se ha descubierto que en la primera investigación se ocultaron, alteraron y manipularon pruebas para obstruir las investigaciones.
Esta es la primera ejecución extrajudicial cometida por Estados Unidos que la CIDH somete a revisión. La CIDH ya estableció que la familia demostró violaciones de derechos humanos vinculadas a la tortura y asesinato de Anastasio. Se solicita a la CIDH que examine el estándar de uso de la fuerza en los Estados Unidos, que se basa en la “razonabilidad” en lugar del estándar internacional de derechos humanos de “necesario y proporcionado”. Si la CIDH falla favorablemente en este caso, podría marcar un punto de inflexión para la protección de los derechos humanos y allanar el camino para reformas al estándar del uso de la fuerza en los Estados Unidos.
En la audiencia se presentará, entre otros, el testimonio de James Tomsheck, ex jefe de Asuntos Internos de Customs and Border Patrol, uno de los cuatro funcionarios estadunidenses que presentaron declaraciones en apoyo de este caso.
Los abusos y barbaridades contra los migrantes son cosa de muchos años y casi de todos los días. Ningún caso había llegado a una instancia como la CIDH, de ahí su relevancia y posibles consecuencias.
@puigcarlos
