La primera denuncia individual de desaparición forzada en contra de México por el Comité de la materia de la ONU, concluyó que el estado mexicano no investigó el caso de un menor de 17 años sustraído por la policía en Veracruz, no se atendió a la familia, y tampoco se dio la reparación del daño. Pero no solamente eso, la actuación de las autoridades en hechos ocurridos en 2013, exhibieron una dolorosa realidad que se repite en todo el país donde hay más de 110 mil desaparecidos: nadie los busca y si lo hace, ocurre a destiempo y con un ejército de buscadores que causa indignación.
En el caso de Yonathan Mendoza Berrospe, sustraído de su casa por un grupo de seis hombres con armas largas y cortas, con fornituras y leyendas de “policía”, además de otro grupo de doce apostado frente al domicilio; las primeras diligencias de investigación ocurrieron en 2019 y otras labores de rastreo en 2021, es decir, seis y ocho años después del levantamiento.
En concreto, tras la denuncia de la madre, tardaron 18 meses en acudir a la vivienda, dos años en escuchar a los testigos, dos años y medio en citar a los agentes que intervinieron en el operativo, tres años en pedir información de los vehículos y hasta siete años para tener listo un plan de investigación.
Aunque existe la tipificación del delito de Desaparición Forzada en el que deben intervenir agentes estatales o aquiescencia de éstos (consentimiento), la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la define así:
“Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
En el caso de Jalisco, distintos colectivos no se andan por las ramas y consideran a los miles de desaparecidos que hay en la entidad, bajo esta figura, ya que el estado ha sido omiso en sus tareas, ha sido dilatorio, ineficiente y terminó por lo mismo en ser aquiescente ante este fenómeno.
Según cifras oficiales, los desaparecidos en Jalisco rebasan los quince mil; no obstante, para varias organizaciones, la cifra real de personas rebasa las 20 mil. Tan solo en los primeros tres meses de 2023, se registraron 617 reportes de desaparición.
En las tareas que se realizan para buscar a personas con vida o pos mortem, el gobierno estatal ha tenido en los colectivos un arma de dos filos. Por una parte, son sus críticos y por otra, se han sumado a las labores de búsqueda y reducida la tensión.
Desde el punto de vita oficial, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco, apenas cuenta con 15 buscadores de campo; en tanto que Fiscalía del Estado, cuenta con un “ejército” de agentes que no suman una decena.
Pero las agrupaciones tampoco disponen de grandes contingentes. La fundación Familias Unidos por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej), cuenta con unos 600 integrantes; Luz de Esperanza, con 300 y una veintena más, con un promedio de 60 miembros, para conformar el equipo de buscadores en el estado.
Además, la búsqueda no se realiza todos los días. A cada colectivo lo citan en promedio cada dos meses para tareas de localización en vida, pero hay otros, como Fundej, que se especializan a buscar a desaparecidos en el Servicio Médico Forense, en labores de confronta e identificación de cuerpos.
Al revisar el tamaño del ejército de buscadores, de los recursos de que dispone el estado, de los cuerpos sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, las fosas clandestinas que aparecen y las personas que desaparecen cada día, es evidente que se trata de una batalla imposible de ganar.
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